Editorial: De caída en traspié

Buena parte del país interpretó como una señal positiva la sustitución de Guido Bellido por Mirtha Vásquez al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Después de todo, Bellido había demostrado carecer de casi todas las competencias políticas y de gestión necesarias para desempeñar el cargo (además de arrastrar serios cuestionamientos por sus expresiones machistas y homofóbicas en sus redes sociales, así como también por sus ‘homenajes’ a terroristas), mientras que los meses de Vásquez al frente del Congreso la dibujaron como una política más tradicional en la búsqueda de consensos.

A menos de tres semanas de su nombramiento, sin embargo, el Gabinete que someterá hoy la cabeza de la PCM al voto de confianza del Congreso aparece ya seriamente comprometido. La figura más controversial, sin duda, es la del ministro del Interior, Luis Barranzuela. El exmayor de la policía carga con un rosario de sanciones, acusaciones y serias incompatibilidades que hacen insostenible su continuidad en el cargo. Entre estas se cuentan, por ejemplo, su patrocinio legal a los hermanos Aybar Cancho –condenados por tráfico de armas– y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como al propio partido, sus posiciones contrarias a la erradicación de cultivos de coca –que terminaron con la salida del presidente de Devida, Fidel Pintado–, las más de 150 sanciones que recibió durante su paso por la policía, el hecho de elegir como abogado en el Caso Tumán al mismo magistrado que el legislador oficialista Guillermo Bermejo, solo por mencionar parte de la mochila que carga. El Gobierno ha tenido ya tiempo suficiente para reconocer que colocar a un personaje de esta naturaleza en un puesto tan delicado para la seguridad nacional y para las investigaciones en curso fue un craso error. No haber corregido hasta ahora esta equivocación (a pesar de que la propia jefa del Gabinete anunció que haría una ‘evaluación’) invita a especulaciones muy graves sobre los motivos que sostienen su fajín.

El asunto va mucho más allá. Si Barranzuela fuese el único miembro cuestionado del Gabinete, Vásquez podría presentarse hoy en el Congreso con relativa confianza, pero no es el caso. El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo, por ejemplo, ha demostrado en su trayectoria profesional la voluntad constante de anteponer los intereses de los profesores a aquellos de los de los alumnos, mientras que el desaguisado relacionado al nombramiento de Richard Rojas –hombre cercano a Vladimir Cerrón, investigado por lavado de activos y con reciente impedimento de salida del país– como embajador en Venezuela ha expuesto innecesariamente al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua. El mismo caso que ha frustrado la breve carrera diplomática de Rojas tiene ahora también contra las cuerdas a la vicepresidenta y actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien ha sido incluida por el Ministerio Público en una investigación por lavado de activos y financiamiento ilegal de Perú Libre.

En el plano más programático, las inconsistencias del Gabinete siguen saltando a la vista. Mientras que la titular de la PCM, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, han intentado poner paños fríos respecto del impulso a una asamblea constituyente, desde el Gobierno, la nueva ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, mencionó la semana pasada que la nueva Constitución sería, en cambio, “una prioridad de carácter nacional”. Este es, como se sabe, uno de los puntos más delicados a la discusión política nacional y el Gabinete no puede permitirse voces discordantes en esta materia que sigan alimentando la incertidumbre.

El Gabinete llega hoy, pues, magullado. En términos generales, da la impresión de que el desgobierno y la falta de idoneidad para puestos claves siguen siendo la impronta del Ejecutivo del presidente Pedro Castillo. Cambian los actores, pero la película continúa con la misma trama. El Congreso tiene ahora la palabra.