La crítica que desde este y otros espacios se ha hecho sobre la increíble rotación de autoridades en el Poder Ejecutivo en los últimos años no es gratuita ni superficial. Tiene consecuencias graves para el ciudadano promedio. Una de ellas es la falta de capacidad de respuesta estatal articulada frente a una emergencia.
El sismo de ayer, de magnitud 5,1 con epicentro en Pisco, fue apenas un recordatorio de lo que podría suceder en cualquier momento con un terremoto grave. Más inmediato aún es la posibilidad creciente de que en los próximos meses enfrentemos un fenómeno de El Niño (FEN) costero. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño activó la alerta y advirtió que perduraría hasta noviembre. Más de 30.000 centros poblados están en riesgo muy alto.
Los efectos de un clima adverso ya se empezaron a sentir. En Ica, huaicos interrumpieron el tránsito en la Panamericana Sur la semana pasada. En Arequipa, intensas lluvias han dejado hasta el momento casi 3.000 afectados. El gobernador Rohel Sánchez habría solicitado al Ejecutivo declarar estado de emergencia para los distritos más perjudicados. En Piura se han encendido también alertas por el incremento del caudal del río Chira. De acuerdo con el Senamhi, desde el inicio de la temporada de lluvias, 68 personas han muerto a causa de las precipitaciones y peligros asociados.
Y mientras todo esto sucede, desde el epicentro del poder gubernamental aún no está claro quién está a cargo. Si bien se ha confirmado al economista Hernando de Soto como jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gabinete de Ministros permanece en el tradicional limbo institucional que precede a su designación y posterior ratificación por el Congreso. No hay por el momento ministros conocidos ni menos empoderados. Así, mientras las lluvias amenazan con seguir causando estragos y muertes, las idas y vueltas de la banda presidencial –y, quizá más importante, de los ministros y tomadores de decisiones en contextos de emergencia–, debilitan la respuesta del Estado.
Quedan, además, solo siete semanas para la primera vuelta electoral. Un FEN costero de mayor intensidad complicaría significativamente los retos logísticos que demanda el proceso a lo largo de todo el país, tanto para la ONPE como para la ciudadanía que debe acudir a votar. En la medida de lo posible, respuestas tempranas, oportunas y de carácter preventivo deberían mitigar los peores efectos. La pregunta es, con el desconcierto gubernamental al que nos hemos ya acostumbrado, quién las va a organizar.
WUF
