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Editorial: A esperar sentados

La reconstrucción del norte del país puede tomar más tiempo del previsto.

Editorial

El Niño costero, Piura

El jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe, dijo que en los próximos 10 días se presentará la lista de proyectos priorizados para Piura. (Foto: archivo)

"Las elecciones regionales de octubre del 2018 convertirán las obras pendientes en un campo de batalla político adicional". (Foto: archivo)

El Comercio

El manejo de expectativas ha sido un problema constante para el actual gobierno. Cuando asumió el poder en julio del año pasado, por ejemplo, las credenciales económicas y técnicas de su equipo –aunadas a sus propias proyecciones– hicieron que no pocos presagiaran un fuerte rebote económico que finalmente no sucedió. El rápido destrabe de grandes proyectos de infraestructura –también tan anunciado el año pasado– fue a paso lento, y la contratación formal de trabajadores todavía sigue muy por debajo de la meta, solo por mencionar algunos ejemplos.

Peor aun, la lentitud del proceso de reconstrucción del norte del país a partir de los estragos de El Niño costero tiene el potencial de convertirse en otro escenario en el que las expectativas quedan significativamente por encima de la realidad. Como se sabe, los retrasos, las observaciones de la Contraloría, y las idas y vueltas en la licitación de obras vienen siendo moneda común en los últimos meses. Con el 2017 casi cerrado, los avances a la fecha están por debajo de lo anticipado y, lo que es mucho más preocupante, no hay visos de que el ritmo vaya a mejorar significativamente en el 2018. 

Decimos que esto es más preocupante por diversos motivos. El primero es que en el norte del país se vive aún con urgencias dramáticas. Escuelas, caminos, viviendas, puentes, centros médicos y otras tantas instalaciones necesarias para el funcionamiento normal de cualquier sociedad siguen pendientes. 

El segundo es que la inversión pública en la reconstrucción es fundamental para el crecimiento del PBI durante el 2018. Según estimados del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el crecimiento del gasto público se estima en 8,7% para el 2018. De esa tasa, 7,3 puntos porcentuales –es decir, más del 80%– corresponde al gasto de la reconstrucción. En términos de PBI, la reconstrucción debería aportar más de un punto porcentual al crecimiento del producto. 

Ante tal expectativa, el retraso en el cronograma es grave. La salida del anterior director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Pablo de la Flor, no solo reveló que la coordinación y trabajo conjunto entre el Ejecutivo y las autoridades subnacionales es limitada, sino que probablemente abonó al aplazamiento de las obras. La capacidad de ejecución de algunos ministerios, como Educación o Salud, también puede verse rebasada por el reto.  

Por su parte, el panorama local del próximo año contribuye a la incertidumbre. Las elecciones regionales de octubre del 2018 convertirán las obras pendientes en un campo de batalla político adicional. Los actuales alcaldes y gobernadores regionales que diseñen y liciten los proyectos durante el próximo año, además, serían diferentes de quienes los inaugurarían (dada la prohibición de la reelección subnacional). Los que entren en el 2019 –quizá inexpertos– podrían proponer borrón y cuenta nueva, atrasando aun más el calendario. Todo ello, sumado a la extrema cautela que pueden tener hoy algunos servidores públicos con respecto a obras de inversión por miedo a la Contraloría y a la falta de capacidad técnica de algunos gobiernos subnacionales para diseñar y licitar obras cuando los montos son cuantiosos, dibuja un escenario complejo.  

Según señaló Elmer Cuba, director del BCRP y socio de Macroconsult, hace poco más de una semana, la reconstrucción con cambios podría “jalar la economía”, “pero todavía en el 2019. Hay que esperar sentados”. Es posible que la debilidad institucional del país y el calendario electoral regionales no permitan un resultado mucho mejor ni más rápido que ese, pero bien haría el Gobierno en advertírnoslo –por lo menos esta vez–.

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