Editorial: Investigar, no ajusticiar

Nadie duda de que el escándalo de las personas que se favorecieron con un lote de vacunas de Sinopharm que no les correspondía tiene que ser, por la cantidad de involucrados que se conoce hasta ahora (472), por el cargo que varios de estos ocupaban dentro del Estado y por las numerosas interrogantes que siguen en el aire, escrupulosamente radiografiado. Esto es, que no se escatimen esfuerzos desde las instituciones competentes para que los peruanos sepamos toda la verdad, pero, al mismo tiempo, que no se lo instrumentalice para hacer escarnio político en un contexto electoral ya de por sí bastante convulsionado.

Lo anterior viene a cuento a propósito de la comisión investigadora que el Congreso ha creado para tal fin. Antes de todo, es necesario remarcar que no estamos sugiriendo aquí que el Legislativo se mantenga ajeno al enredo. Ahí están, por ejemplo, las denuncias constitucionales que se han presentado contra el expresidente Martín Vizcarra y contra las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, a quienes el Parlamento debe de levantarles el antejuicio que les asiste por los altos cargos que han ocupado hasta hace poco para que puedan ser procesados por la fiscalía.

Es en lo que respecta a la creación de un grupo de trabajo dedicado al tema en cuestión que saltan las dudas.

Para comenzar, en los últimos años la existencia misma de comisiones investigadoras en el Congreso que se han dedicado a indagar casos que estaban siendo revisados simultáneamente por el Ministerio Público ha despertado varias –y fundadas– críticas. No se entiende, por ejemplo, cómo los parlamentarios podrían llevar con mayor rigor e imparcialidad que un fiscal una investigación que muchas veces toca a adversarios o aliados políticos. Por ello, en demasiadas ocasiones las comisiones investigadoras han terminado siendo un desperdicio de tiempo y de dinero en asesores, y han hecho hallazgos que, en el mejor de los casos, duplicaban los de otras autoridades.

Muy probablemente este patrón termine repitiéndose en el caso de las vacunas, en el que otras instituciones como el Ministerio Público, la contraloría o la procuraduría ya han comenzado a tomar acciones por su cuenta.

Además, algunos de los primeros pasos tomados sobre este grupo de trabajo dan para pensar sobre los fines que tendrá. Se ha decidido, por ejemplo, excluir del mismo a dos agrupaciones políticas: Somos Perú y el Partido Morado. Y aunque en el caso del primero podría haber razones para tal decisión (después de todo, Vizcarra es la baza más importante del partido político en sus aspiraciones electorales), el del segundo sencillamente no se entiende. Según legisladores de bancadas como Acción Popular, Podemos Perú y Fuerza Popular, el ostracismo del Partido Morado se justifica porque fueron la única bancada que no respaldó la vacancia de Vizcarra en noviembre. Un criterio que destila un inconfundible olor a revanchismo político de quienes se sintieron humillados luego de que su plan para hacerse ímprobamente con el poder quedase desbaratado por las movilizaciones ciudadanas y que hace temer que, más que una pesquisa, estamos ante el inicio de un intento de saldar cuentas.

La circunstancia de que uno de los nombres que se han sugerido para que asesoren a la comisión sea la del señor Manolo Fernández, que promueve irresponsablemente el uso de la ivermectina para tratar el COVID-19, solo termina de agravar el panorama.

Hay que advertir, asimismo, que los ánimos de ajusticiamiento que se perciben en el Congreso no se agotan en el caso de las vacunas y, desde hace días, parecen enfocarse también en la Mesa Directiva y, en particular, en la presidencia de la legisladora Mirtha Vásquez. De más está decir que usar una crisis como esta para la revancha política sería execrable.

El Congreso debe saber que la ciudadanía, además del escándalo de las vacunas y de cómo continúe, estará pendiente de lo que ellos hagan en nombre de este.