La auténtica pantomima

Ayer, el presidente Pedro Castillo se negó a recibir a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Estos, como se sabe, acudieron a Palacio de Gobierno a tomar su declaración en el contexto de las investigaciones que el referido grupo de trabajo parlamentario realiza con respecto a las reuniones extraoficiales que el mandatario sostuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, las presuntas irregularidades cometidas en licitaciones de Provías Descentralizado y Petro-Perú, y otros temas. Como se recuerda, la comisión cambió recientemente la condición del jefe del Estado de testigo a investigado y originalmente programó la declaración para el martes 21 de este mes, pero a pedido del secretario general de Palacio, Jorge Alva Coronado, esta fue postergada por seis días.

En el mismo documento en el que se solicitó la postergación, Alva Coronado comunicó al titular de la comisión, el legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular), lo siguiente: “El señor presidente de la República manifiesta su total disposición a recibir a la Comisión que usted preside en el Despacho Presidencial, en la fecha que considere, a partir del 27 de junio”. Todo hacía pensar, pues, que el gobernante cumpliría con la palabra empeñada; máxime cuando recientemente había anunciado en una actividad con líderes amazónicos celebrada en Palacio de Gobierno lo siguiente: “Estoy sometido a investigaciones y acusaciones, asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata, de dar la cara en donde nos llamen”.

Conforme la fecha se fue acercando, no obstante, la actitud del presidente al respecto fue modificándose. A través de uno de sus abogados, Benji Espinoza, primero se anunció la posibilidad de que el mandatario guardase silencio ante las preguntas de la Comisión de Fiscalización. Y ya el domingo por la noche (es decir, en la víspera del día en que la cita supuestamente debía tener lugar), Espinoza comentó que le había recomendado a su patrocinado que no recibiese al mencionado grupo de trabajo parlamentario “porque una declaración debe ser la concreción del derecho a ser escuchado con objetividad” y que “cuando eso no existe, la declaración es una mera formalidad”.

Ayer, finalmente, el abogado comunicó que el mandatario no recibiría a la comisión, y que viajaría más bien a Huancavelica para cumplir una agenda establecida con posterioridad a la fijación de la cita para su declaración. El representante legal del jefe del Estado proclamó, por su parte, que este no atendería a la comisión porque “esta no busca la verdad” y, en esa medida, “la declaración del presidente sería una puesta en escena, una pantomima, una apariencia de debido proceso”. Lo que haría presumir tal cosa, sería, según él, que el grupo de trabajo encabezado por el parlamentario Ventura ya adelantó que su informe estará listo para el miércoles 29.

Como se ve, las distintas razones esgrimidas por Espinoza, o bien estaban ya a la vista el día que se acordó la cita de ayer (y, en consecuencia, su formulación a última hora no se sostiene), o bien se basaban sobre un cálculo del tiempo que podría tomarle a la comisión terminar su trabajo: dos pretextos artificiosos para quitarle el cuerpo al compromiso asumido.

Los miembros de la comisión concurrieron de todas maneras a la Casa de Pizarro a la hora convenida, pero previsiblemente se les hizo saber que el presidente no se encontraba en Palacio y no se los dejó entrar. Se entiende, sin embargo, que su propósito fue dejar en claro ante la opinión pública el incumplimiento de la palabra empeñada por el mandatario.

Lo que ha quedado en evidencia, de cualquier forma, es que el jefe del Estado, una vez más, dijo una cosa e hizo otra. Y, curiosamente, la caracterización que su abogado trató de hacer de la sesión que no llegó a ocurrir ayer ha terminado describiendo, más bien, la combinación de gestos y silencios con la que él ha reaccionado frente a las expectativas de que respondiese a la investigación del Congreso. Estamos, efectivamente, ante una auténtica pantomima.