Tres días atrás, el juez supremo provisional Hugo Núñez Julca decidió que se archivase la única denuncia que logró aprobar el Congreso disuelto en contra del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por el presunto delito de ‘encubrimiento real’ que se habría configurado cuando el alto funcionario decidió, en vísperas del último Año Nuevo, remover a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del equipo especial para el Caso Lava Jato.
Según explicó el magistrado en la resolución, el sentido de su decisión se debió a que los hechos que se le imputaban al todavía fiscal supremo no constituían el tipo penal –encubrimiento real– por el que el Congreso había aprobado denunciarlo. Una situación que ya había sido advertida por algunos y contra la que nosotros en su momento nos pronunciamos al lamentar que lo autorizado por el Parlamento era apenas “una versión bastante descafeinada y tenue” de la denuncia inicial contra el señor Chávarry.
Con este archivamiento, además, naufraga también la solicitud que había realizado la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla para que se suspenda a Chávarry de sus funciones como miembro de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) por 18 meses en tanto se desarrollaban las investigaciones en su contra. Como es lógico, al ya no haber pesquisas dicho pedido se desploma por sí solo.
Pues bien, como mencionamos al inicio, expira, así, la única denuncia que consiguió atravesar –aunque perdió casi todo el músculo en el camino– el corredor que instaló el anterior Congreso para blindar al señor Chávarry, y que se encargó, gracias a los votos de Fuerza Popular y de la Célula Parlamentaria Aprista, de ir licuando una a una todas las otras denuncias que se presentaron en su contra, ya sea en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o –cuando auspiciosamente alguna conseguía pasar esta primera etapa– en la Comisión Permanente. Al mismo tiempo, además, ha quedado claro que la protección que le prodigó una mayoría de la anterior representación nacional al exfiscal de la Nación ha sido total, y que, en realidad, en los intentos por denunciar al señor Chávarry hubo bastante de morisqueta y poco de convicción.
Quienes hayan seguido nuestra línea editorial en los últimos meses recordarán que hemos fustigado enérgicamente cada una de las ocasiones en las que los legisladores mandaron al archivo las denuncias presentadas contra el señor Chávarry por, entre otras cosas, formar parte de una presunta organización criminal, participar en el deslacrado de la oficina de uno de sus asesores (de la que se sustrajeron cajas con documentación), beneficiarse con la adulteración de sus notas en el CNM para ser ratificado como fiscal supremo o haber plagiado su tesis de magíster. Todos casos en los que, vale recalcar, el Congreso no debía decidir la culpabilidad o inocencia del señor Chávarry; solo autorizar al Poder Judicial a realizar dicha tarea y, a lo sumo, disponer algunas medidas en su contra, como su alejamiento de la JFS.
Como hemos mencionado antes, el apartamiento del señor Chávarry de la JFS es vital para proteger todo lo avanzado hasta ahora por la fiscalía en el Caso Lava Jato. No solo porque, en más de una ocasión, el exfiscal de la Nación intentó zafiamente entorpecer el trabajo del equipo especial –de hecho, las separaciones de Vela y Pérez apuntaron a ese objetivo–, sino porque, además, asegurar su continuidad significa asegurar la mayoría de asientos en la Junta para los fiscales supremos salpicados por graves sospechas de corrupción y por formar parte de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
En ese sentido, esperamos que el Congreso que salga de las urnas el próximo 26 de enero sea consciente de que tiene aquí un imperativo impostergable y no opte por transitar el mismo camino ignominioso de sus antecesores inmediatos. Pues, seguramente, el Legislativo que fue disuelto tendrá algunas cosas que exhibir como legado ante el país; una de ellas, sin duda –y vergonzosa–, la de haber permitido que el señor Chávarry siga atornillado en su puesto.