Prontuariado edilicio

Comprensiblemente, la dramática situación que se vive en el gobierno nacional ha capturado buena parte de la atención de la ciudadanía. Después de todo, es la primera vez que un presidente en ejercicio es investigado durante su mandato y los potenciales crímenes sobre los que inquiere la fiscalía son bastante serios.

Sin embargo, posiblemente el evento político más relevante de los siguientes meses serán las elecciones regionales y municipales. Y si la representación nacional, a través del Ejecutivo y el Legislativo, adolece en general de falta de cuadros políticos probos y preparados, la representación local parece encaminada a emular las mismas taras.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) publicado ayer, 1.403 candidatos consignan haber tenido sentencias judiciales. En otras palabras, uno de cada ocho aspirantes a liderar gobiernos regionales y alcaldías provinciales y distritales tiene antecedentes de tipo penal o civil. En el caso de los gobiernos regionales, hay al menos ocho candidatos que han declarado una o más sentencias penales en sus hojas de vida, con delitos que van desde la estafa genérica y la defraudación tributaria hasta el homicidio culposo. Solo en Lima, son 24 los candidatos a distintas alcaldías que cuentan con sentencias penales. Entre los aspirantes al Gobierno Regional de Lima, casi la mitad son investigados por peculado.

La historia no es nueva, pero los resultados sí son conocidos. Según la contraloría, el año pasado el perjuicio económico causado por la corrupción e inconducta funcional entre gobiernos regionales y municipalidades ascendió a S/13.200 millones, equivalente al 22% del total del presupuesto para inversión pública en todo el país en el 2021. Hasta finales del año pasado, 22 de los 25 gobernadores tenían procesos abiertos y eran investigados por las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios (Fecot). Áncash ha tenido ocho gobernadores desde el 2014. En el ámbito distrital, los números no son mucho mejores. Es la doctrina del Estado Peruano visto como un botín.

La principal responsabilidad de la pobre selección de candidatos que eventualmente terminan llegando al poder está, lógicamente, en la precariedad de los partidos políticos nacionales y movimientos regionales. Somos Perú, por ejemplo, ha presentado a los comicios a 77 personas con antecedentes penales y 116 civiles. Los números de Alianza para el Progreso (APP) son similares. Mientras que Perú Libre tiene a 110 postulantes con algún tipo de antecedente.

De acuerdo con analistas consultados por este Diario, las agrupaciones políticas no tienen ya ni la pretensión de filtrar a los mejores candidatos para sus listas. La prioridad es conseguir personajes suficientemente conocidos o con los recursos económicos necesarios para incrementar la probabilidad de ser elegido, lo que incluye dinero de fuentes ilícitas. Con eso en mente, no debería sorprender a nadie los resultados que desde hace décadas se vienen consiguiendo entre las autoridades subnacionales.

Si los partidos políticos no cumplen su función básica de ser un filtro adecuado de candidatos, le toca a la ciudadanía responder con un voto más informado y responsable. A pesar de la importancia del Gobierno Nacional, en lo que respecta a asuntos como inversión pública o provisión de servicios básicos, son los alcaldes y gobernadores a quienes les corresponde cargar con el mayor peso. Lamentablemente, la irresponsable selección que han puesto sobre la mesa las agrupaciones políticas para estos comicios permite anticipar que los siguientes cuatro años de autoridades subnacionales posiblemente serán muy parecidos a los cuatro anteriores, y a los cuatro anteriores a ellos, y así sucesivamente...