Editorial: Refundemos el Estado

El martes, durante una sesión del foro del Acuerdo Nacional, el primer ministro Vicente Zeballos se refirió a los efectos a largo plazo que la crisis del COVID-19 puede tener en el Perú. En concreto, habló sobre cómo esta “es una oportunidad más que necesaria que tenemos que aprovechar para refundar nuestro país”.

Esta vez, el presidente del Consejo de Ministros no ahondó en los asuntos específicos que, a su juicio, el proceso de refundación debe abordar. No obstante, desde este Diario creemos que es importante reflexionar sobre las circunstancias estructurales que han hecho que la emergencia sanitaria alcance los niveles críticos que hoy exhibe, las mismas que tendrán que ser remediadas con cambios profundos en la manera en que trabaja nuestro Estado y las instituciones que lo componen. Cambios específicamente relacionados a la ineficiencia con la que se desempeña y a las tareas que permanecen pendientes en la lucha contra la corrupción. En ambos terrenos, el camino hacia los cambios requerirá también de un mea culpa del Gobierno.

Uno de los dramas que esta coyuntura ha hecho particularmente evidentes es el de las deficiencias de nuestro sistema de salud. A pesar de lo mucho que el crecimiento económico de los últimos 20 años ha contribuido para inyectarle valiosos recursos al Estado, este no ha sabido plasmarlos en mejoras sustanciales de los servicios que ofrece. El Ejecutivo incluso ha mostrado una pasmosa incapacidad para utilizar el presupuesto que tiene asignado. En el 2019 los diversos ministerios solo ejecutaron, en promedio, el 71,2% del dinero que debían dirigir a infraestructura. El Ministerio de Salud, increíblemente, llegó a utilizar solo 41,2%. Las limitaciones de dicho sector se hacen ahora más evidentes que nunca.

El uso de los recursos, en fin, debe optimizarse para que se les saque el mayor provecho posible en el futuro. Una meta que debe preceder a cualquier ambición populista por cobrarles aún más tributos a los contribuyentes.

En línea con lo anterior, el Estado también deberá empeñarse en reducir la informalidad de manera sustancial. Esta, como ha demostrado la crisis, mantiene a más del 70% de la fuerza laboral en una situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo nos deja con una base tributaria angosta, con solo una minoría formal que paga impuestos y goza de derechos laborales.

Para enfrentar esta situación habrá que, por un lado, emprender una (siempre postergada) reforma laboral. Actualmente la rigidez es la norma –en lo que concierne a ese indicador el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial del 2019 nos coloca en el puesto 83 de 141– y es gran parte del problema. Por otro lado, el Estado debe generar confianza en la integridad de las instituciones que lo constituyen para que la formalidad no sea percibida como una aventura riesgosa.

Esta confianza, a su turno, exige una lucha frontal contra la corrupción y un ejercicio de transparencia radical. Los dos, puntos claves en la agenda para reformar nuestro Estado. La administración de Martín Vizcarra hizo de combatir esta lacra uno de sus ejes principales, pero ha fallado en predicar con el ejemplo cuando los cuestionados han formado (o forman) parte de su círculo inmediato. Asimismo, ha faltado claridad para explicar situaciones como la salida de Carlos Morán del Ministerio del Interior, en el contexto de las dudas existentes sobre el uso de los recursos para combatir el COVID-19 desde la policía.

Sobre todo, sin embargo, la refundación deberá tener como piedra angular una revolución de nuestra calidad institucional. Cada poder del Estado, y todos los organismos que lo componen. padecen una aguda crisis de legitimidad, derivada de la corrupción y de la torpeza operativa que los puede caracterizar. Un conjunto de instituciones públicas sólidas y respetables indudablemente dará ocasión a un sector privado responsable y comprometido con ellas.

Mejorar en esta materia, claro, implica mejorar en todo lo demás. Un Estado eficiente, probo y que norme con tino es lo que tiene que procurarse para generar la sinergia necesaria entre lo público y lo privado y, al mismo tiempo, poder llevar servicios de calidad a todos los rincones del país.

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