Editorial: Supremo investigado

Ayer, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria admitió a trámite dos pedidos relacionados con el proceso que se le sigue, por el presunto delito de encubrimiento real, al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. El primero tiene que ver con el planteamiento del referido funcionario para que se archive la investigación que se le sigue y el segundo con la solicitud hecha por su par Bersabeth Revilla Corrales para que la otrora cabeza del Ministerio Público sea suspendida preventivamente por 18 meses del cargo de fiscal supremo.

Como se sabe, la investigación que se le sigue a Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real tiene que ver con la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial Lava Jato, el 31 de diciembre del año pasado. Si bien la decisión fue abortada apenas dos días después por el mismo Chávarry, las circunstancias en las que esta se tomó en un primer lugar generaron, además de la indignación ciudadana, muchas suspicacias: la medida llegó cuando el país se preparaba para recibir el 2019 y ad portas de que el mencionado grupo de trabajo firmase el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Ello, sumado a los argumentos esgrimidos por el entonces fiscal de la Nación como sustento –que se había atentado contra la jerarquía institucional, se había violado la reserva de la investigación y que se había cuestionado su elección–, dejó la impresión de que la acción pretendía, sobre todo, sacar del juego a dos servidores públicos incómodos para ciertos grupos políticos.

El caso que nos ocupa, asimismo, tiene la particularidad de que ha sido el único que Fuerza Popular y el Apra, cuyos votos sumados constituían una larga mayoría en el Congreso extinto, permitieron que llegue hasta esta instancia. La saga Chávarry no solo ha estado marcada por la plétora de graves cuestionamientos que pesan sobre él –que van desde mentir sobre su relación con el exjuez César Hinostroza hasta su presunto papel en el ilegal deslacrado de una oficina de su institución–, sino también por el blindaje serial perpetrado por el Parlamento disuelto a su favor. Uno de los ingredientes, en fin, que consolidaron el descrédito de una representación cuyo cese decidido por el presidente Martín Vizcarra sigue siendo celebrado por una gran porción de la ciudadanía.

Dadas estas circunstancias, es evidente que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tiene frente a sí un caso de suma trascendencia y, de igual manera, el destino de un individuo con varias cuentas que rendirle a la ciudadanía y, si así se determina, a la justicia. La institución, entonces, tiene la responsabilidad de permitir que las investigaciones continúen y rechazar el archivamiento reclamado por Chávarry.

Al mismo tiempo, el ente también debería determinar su suspensión preventiva por 18 meses. La permanencia del individuo que nos ocupa no solo perjudica la legitimidad de la institución a la que pertenece sino que, por ser parte de la Junta de Fiscales Supremos, ya ha demostrado ser una piedra en el zapato para esta y otras investigaciones (como la de Los Cuellos Blancos del Puerto) que lo tienen bajo la lupa. Recordemos que Chávarry, con el apoyo de Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza (dos fiscales supremos también involucrados en el Caso Los Cuellos Blancos) intentaron en octubre apartar al fiscal Pablo Sánchez de las indagaciones por el Caso Los Cuellos Blancos, presuntamente para detenerlas.

Así las cosas, en un contexto en el que las instituciones del Estado están camino a renovarse, como el sistema de justicia –a pesar de los tropiezos en la conformación de la Junta Nacional de Justicia–, las decisiones que permitan acercarnos a conocer la realidad sobre los funcionarios asociados a casos de corrupción son un paso en el camino correcto. En ese sentido, y en lo que concierne al señor Chávarry, el nuevo Congreso también puede jugar un rol importante, aportando la severidad de la que su predecesor careció.