Ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que se reunirá con la Comisión Lava Jato. (Foto: Captura de video)
Ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que se reunirá con la Comisión Lava Jato. (Foto: Captura de video)
Editorial El Comercio

Si desde hace cinco días el presidente enfrentaba una situación difícil por la revelación hecha en una entrevista sobre las asesorías que, contra todo lo que había afirmado antes, brindó años atrás a First Capital, empresa contratada por  y relacionada con él, ayer la gravedad de esa situación se incrementó exponencialmente. Esto por el anuncio de la presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, sobre un oficio recibido por ella en el que el representante local de esa constructora brasileña, en respuesta a un requerimiento suyo, le informaba acerca de 7 consultorías que esta le habría pagado a Westfield Capital (una empresa que aparentemente pertenece o habría pertenecido al actual mandatario) entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007. Según el documento, además, la constructora habría pagado a First Capital, entre el 2005 y el 2013, la suma de US$4’043.941 por asesorías. 

La gravedad de la nueva información radica, por un lado, en que supone pasar de una contratación indirecta a una directa; y, por otro, en que los años en que se pagó la alegada asesoría coinciden parcialmente con aquellos en los que PPK fue ministro de Alejandro Toledo y se dio en concesión el proyecto de la carretera Interocéanica, por la que se sabe que Odebrecht pagó una importante coima. 

En esa medida, las aseveraciones presidenciales del 23 de octubre (“Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas”) y el 14 de noviembre (“Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht”) han dejado de parecer medias verdades para empezar a lucir como mentiras mondas y lirondas. Y las asesorías mismas han pasado de ser un inconveniente político a una circunstancia sospechosa de prácticas ilegales. 

La reacción del jefe del Estado ante tan preocupante escenario fue dirigir ayer mismo un mensaje a la nación, cuyo anuncio creó las expectativas de que recibiríamos por fin de su parte explicaciones cabales y sinceras sobre su relación con Odebrecht, así como eventuales desmentidos sobre las posibilidades más inquietantes que estos nuevos datos abrían. Y sin embargo no fue eso lo que obtuvimos.  

En su breve discurso, el presidente mencionó por cierto la “información sobre pagos hechos por Odebrecht a las compañías First Capital y Westfield” en la que se ‘daba a entender’ que los montos mostrados habían sido pagos de honorarios a su persona… pero no para desmentirla o, por lo menos, ponerla en algún contexto que resultase tranquilizador, sino para anunciar que, frente a ello, había decidido reunirse finalmente con los miembros de la Comisión Lava Jato. Una concesión a la que evidentemente se ha visto obligado por la gravedad de la nueva situación, pero que a estas alturas resulta tardía e insuficiente. 

El mandatario, en efecto, no puede pretender serenar la inquietud ciudadana con el argumento de que las explicaciones que hacen falta se las dará pronto a una comisión congresal. A estas alturas, las demanda y las merece ya el país entero, pues aun si no hubiesen existido las prácticas ilegales a las que antes hacíamos referencia, el ocultamiento de la verdad sobre sus vínculos con Odebrecht sugiere nítidamente cuál sería su percepción sobre la razón última de las asesorías que le pidieron. 

El problema es muy serio, además, porque basta escuchar las airadas intervenciones de los miembros más caracterizados de la oposición mayoritaria en el Congreso para saber que lo que está en riesgo aquí es su permanencia en el cargo. El indeseable escenario de una vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” está peligrosamente cerca y, lamentablemente, quien más ha contribuido a colocarnos en este ominoso trance –arrastrando con ello a colaboradores leales que confiaron ciegamente en él– ha sido el propio jefe del Estado, con sus revelaciones ambiguas y con cuentagotas. 

Lo que nos ha dicho hasta ayer ha sido, efectivamente, muy poco. Y antes de que acabe por mostrarse también como muy tardío, por la salud del sistema democrático y la estabilidad del gobierno legítimamente constituido que encabeza, el presidente debe darnos, de ser posible hoy mismo, una explicación detallada, veraz y convincente de lo que tan mal ha empezado a lucir.