Editorial El Comercio

Minutos antes de las 5 de la tarde de ayer empezó a correr el rumor en las redacciones. Las autoridades habían iniciado un operativo que, en simultáneo, capturaba en el Centro de Lima al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y entraba en para detener a la cuñada del presidente, (la que, hasta el momento en que se escribió este Editorial, seguía sin ser ubicada en lo que, según expertos, constituiría otro caso de obstrucción en el seno de esta administración).

En otros tiempos, la imagen de policías y fiscales ingresando a la sede del Gobierno resultaría pasmosa. Sin embargo, desde que se inauguró esta administración, este retrato se ha vuelto frecuente. Y ha alcanzado cotas surrealistas, como aquella vez, en noviembre pasado, en la que los representantes del Ministerio Público hallaron en la oficina del entonces secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, US$20.000 en efectivo o aquella otra en diciembre en la que el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina consignó en actas que el propio mandatario había puesto trabas para el desarrollo de la diligencia.

Volviendo a los sucesos de ayer, tanto el burgomaestre de Anguía como la cuñada del mandatario están implicados en una investigación por integrar una presunta organización criminal que lideraría el jefe del Estado, que involucraría al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, y a la primera dama Lilia Paredes, y que habría direccionado licitaciones para determinadas obras en el mencionado distrito que, además, pertenece a la provincia natal de Castillo: Chota.

Los indicios abundan. Primero, tal y como informó la Unidad de Investigación de este Diario días atrás, el presupuesto de Anguía aumentó en casi un 200% durante este gobierno, gracias a un decreto de urgencia firmado en octubre pasado por el mandatario y el entonces ministro de Vivienda (hoy a cargo de la cartera de Transportes), Geiner Alvarado. El hecho de que, por un lado, un distrito en particular se haya visto tan generosamente beneficiado y, por el otro, su alcalde y el presidente hayan mantenido al menos nueve reuniones en Palacio de Gobierno entre julio y diciembre del 2021 no parece coincidencia.

Entre las obras que se licitaron gracias al decreto emitido por el Gobierno, destaca una en particular: la del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre, por un monto que supera los S/3 millones y que fue adjudicado a un consorcio integrado por la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos, constituida por una joven de entonces 24 años: Anggi Espino Lucana.

Anggi, para más luces, es la hermana de Hugo Espino Lucana, el amigo de Yenifer Paredes que visitó Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda hasta en cuatro oportunidades entre agosto y setiembre pasados, y que aparece junto a la cuñada del presidente en el ya célebre video en la que se la ve ofreciendo la realización de una obra de saneamiento en un centro poblado del distrito de Chadín, ubicado también en Chota. Paredes aparece en el clip portando un chaleco de la empresa de Espino, JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C. Tanto Hugo como Anggi Espino (quien, para variar, ha reconocido ante la fiscalía que ganó una licitación para realizar una consultoría correspondiente a la obra en cuestión) están comprendidos en la orden de detención preliminar dictada ayer por el Poder Judicial contra Medina y Paredes.

No hay que olvidar, finalmente, que según ha relatado Bruno Pacheco a las autoridades, el alcalde de Anguía sería uno de los operadores de la presunta red criminal que lideraría el presidente.

Estamos, pues, ante el enésimo entramado de corrupción que implica a familiares o allegados del presidente y hay que decir que no parece casualidad que, de un tiempo a esta parte, la sede de gobierno haya pasado a ser el lugar en el que confluyen diferentes diligencias fiscales. Tampoco que la lista de investigados cercanos a Castillo continúe creciendo, implicando a sobrinos, exsecretarios, exministros, esposa, cuñada, alcaldes cercanos y hasta integrantes de su escolta. Ni que el propio mandatario sea objeto de cinco investigaciones fiscales y que en más de una de estas se lo sindique como líder de una presunta organización criminal.

No parece casualidad, en fin, que todos los caminos fiscales conduzcan a Palacio de Gobierno ni a su más célebre inquilino.

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