Editorial El Comercio

Esta semana, el volvió a sesionar tras el receso parlamentario en el que entró en diciembre del año pasado. Como no podía ser de otra manera, no tardó mucho en volver a acaparar el protagonismo noticioso en nuestro país.

Para comenzar, el miércoles, con 91 votos a favor, se aprobó en segunda votación la reforma constitucional para restituir en el Perú, con lo que el nuevo sistema ha quedado listo para empezar a regir desde las elecciones del 2026. Con ella, además, se restituye la reelección parlamentaria, que había quedado proscrita tras el referéndum del 2018, pues los nuevos diputados podrán presentarse para senadores, y viceversa.

Se trata, sin duda, de una de las reformas más significativas que se han hecho a la actual Carta Magna (se han modificado nada menos que 53 artículos de esta) que dispone que a partir del próximo período parlamentario el país contará con una cámara baja de 130 diputados y otra alta, de 60 senadores (en ambos casos, como mínimo, pues el número final de escaños estará definido en una ley orgánica). Desde este Diario nos hemos de la restauración del Senado. Ello porque, entre otras cosas, consideramos que una segunda cámara forzaría que el proceso para que se apruebe una ley sea mayor y, por lo mismo, haya más tiempo para todos: para que los parlamentarios reflexionen mejor, para que la ciudadanía se entere de lo que está a punto de ser aprobado y para que la prensa pueda evaluar e informar sobre los detalles perniciosos de ciertas iniciativas.

Asimismo, una segunda cámara puede darles a los procesos parlamentarios un espacio menos crispado políticamente, reservándole al Senado la responsabilidad de llevar adelante votaciones trascendentales para el país (como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, el contralor general y tres directores del Banco Central de Reserva), que suelen contaminarse con la polarización y la componenda, como hemos visto en varias de estas elecciones en los últimos años.

Por supuesto, un Legislativo bicameral por sí solo no arreglará la crisis de representación que aquejamos y es necesario que sea complementado con reformas que apunten a reforzar los partidos políticos y a alejar a potenciales facinerosos de las curules. Pero es un buen punto de partida.

El jueves, por otro lado, se aprobaron las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de dos integrantes de la . Las votaciones no estuvieron exentas de polémica. En el caso de , se alcanzó el número mínimo de endoses requeridos (67) gracias a que el parlamentario José Luna Gálvez emitió su voto. La defensa de Tello señala que dicho congresista no podía votar porque forma parte de la Comisión Permanente, pero él ha manifestado que no votó cuando el caso se vio en dicha comisión, y que eso lo habilitaba. Mientras que José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, ha sostenido que desde el 2018 la Junta de Portavoces llegó a un acuerdo para que miembros titulares y suplentes de la Comisión Permanente que no emitieron su voto en ese espacio puedan hacerlo en el pleno durante un proceso de acusación constitucional.

En el caso del magistrado , los apoyos para inhabilitarlo se alcanzaron en una reconsideración y luego de que tres parlamentarios –dos de ellos ‘niños’, para más luces– cambiaran súbitamente su voto. Los detalles de esta decisión seguramente se conocerán pronto.

Ahora el Congreso debe tomar como prioridad la inclusión de nuevos delitos para impedir la postulación de condenados a cargos públicos. Esto cerraría el paso a gente sentenciada por homicidio o secuestro agravado, entre otros. También falta ver la restitución de la reelección de alcaldes y gobernadores. Se viene una agenda importante en el Legislativo.

Editorial de El Comercio

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