El elefante dorado

Una manera simple de entender la problemática y dificultades del combate a la minería ilegal de oro es, simplemente, contando los dólares. Así, por ejemplo, según el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado ayer en El Comercio, este año el valor exportado de oro de origen ilegal sería de cerca de US$12 mil millones, cifra que incluso podría superar las exportaciones legales del mineral. En contraste, el presupuesto anual del Estado para el programa Reducción de la Minería Ilegal llega a cerca de S/75 millones. Es decir, menos del 0,2% del tamaño del problema. Dicho de otro modo, por cada dólar que gasta el Gobierno en este programa, los mineros ilegales disponen de más de US$500 para contrarrestarlo.

Ahora, la complejidad es también internacional. De acuerdo con el mismo reporte, uno de los principales canales para comercializar y lavar el oro ilegal es venderlo a cooperativas bolivianas. Estas carecen de mayor regulación o control de trazabilidad. Con la autorización del Banco Central de Bolivia a comprar luego oro de estas cooperativas, el círculo de blanqueo del mineral se completa. En parte, eso explicaría la facilidad con la que una buena tajada del oro peruano de procedencia ilegal puede ser vendido sin mayor problema.

De vuelta a las dimensiones del problema en términos de dólares, las cifras son demasiado grandes para estar pasando inadvertidas en la economía peruana. Se trataría de más de tres puntos del PBI. Eso explicaría por ejemplo que, según la UIF, entre el 2020 y el 2024 el promedio anual de operaciones sospechosas con posible procedencia de mineral ilegal se multiplicó en más de cinco veces en comparación con el promedio del período 2015-2019. Este 2025, el número de operaciones sospechosas viene creciendo aún más rápido.

No es, pues, una economía ilegal de pequeña escala, fácil de contrabandear y de lavar. Su tamaño es gigantesco por donde se le mire, y viene creciendo con velocidad, lo que la obliga a quedar aún más expuesta, con más cabos sueltos. Eso debería hacer evidente quiénes son los grandes jugadores, la ruta que sigue el mineral, la trayectoria del dinero y su destino final. Pero a las autoridades responsables –que incluyen a la fiscalía, al Ministerio de Energía y Minas (Minem), a los gobiernos regionales, a la policía, a la Sunat, a la UIF, entre otras– les cuesta todavía ver al elefante dorado frente a ellos.