Vieja receta, nuevas estrategias

Dos días atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Ejecutivo decretará un estado de emergencia en Lima Metropolitana para luchar contra la delincuencia. Y, a renglón seguido, explicó que esta medida vendrá acompañada por otras que serán “sometidas a debate técnico”. “El estado de emergencia no puede ser más de lo mismo”, explicó.

El anuncio es sin duda positivo. Sin embargo, la experiencia reciente nos lleva a ser cautos, pues la tentación de las autoridades de utilizar de manera populista este tipo de medidas para ganarse algunos puntos de aprobación o aparentar que están haciendo algo es alta. Sin ir muy lejos, la expresidenta Dina Boluarte tenía en las declaraciones de emergencia su ficha favorita –por no decir la única– para proyectar la sensación de que su gobierno se tomaba la amenaza del crimen organizado en serio. Pero nunca ofrecieron resultados concretos. El caso de Trujillo es aleccionador: la provincia está bajo ese régimen especial desde febrero del 2024 y ello no ha evitado que los criminales continúen haciendo de las suyas e incluso reventando bombas.

El gobierno de José Jerí, por lo tanto, debe cambiar de estrategia. Para comenzar, ningún estado de emergencia en la capital dará resultados si no se coordina con los 43 alcaldes que administran, por parcelas, la ciudad. Tampoco si no se toma entre las manos el fierro caliente de la situación en los penales, desde donde cada día se envían muchos de los mensajes extorsivos que tienen a los peruanos en ascuas, a veces con la connivencia de quienes deben vigilar a los reos. Ni, por supuesto, si no se dictan medidas específicas para el transporte público, uno de los sectores que más trabajadores ha perdido este año por la delincuencia y que requiere un abordaje especial por el alto grado de informalidad y atomización con el que opera.

Ojalá que el Ejecutivo no se deje tentar por el camino fácil que han tomado otras autoridades. Propuestas como las prohibiciones de dos personas en moto, los chalecos con placas para los motorizados, la restitución de la pena de muerte o los toques de queda, pueden arrancar aplausos de ciertos sectores, pero a la larga pueden ser improductivas e, incluso, contraproducentes.

De lo que se trata, al final, es de que nuestras autoridades decidan con base en evidencia y de que sopesen bien entre los derechos de los ciudadanos y la eficacia de las restricciones que dicten. Ya es hora de deponer las viejas e infructíferas recetas por unas que funcionen.