La verdadera mano dura

“Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar la delincuencia con mano dura; no nos va a temblar la mano y sin contemplaciones de ningún tipo”, dijo esta semana la presidenta Dina Boluarte en una de sus acostumbradas apariciones públicas donde no se permiten las preguntas de la prensa. La verdad, sin embargo, es que varias de las cosas que su gobierno pudo hacer para enfrentar el delito no necesitaban de mucho más que de la facultad que la Constitución le asigna para observar las leyes que aprueba el Congreso.

En estos días, se ha recordado que el Ejecutivo no observó la norma que modifica la definición de crimen organizado en el Código Penal dejando fuera de ella a nada menos que 59 tipos penales, pese a que dos ministerios (Justicia e Interior) se habían pronunciado en contra. Pero no fue la única vez en la que desde Palacio de Gobierno optaron por mirar al costado mientras los parlamentarios aprobaban leyes perjudiciales para perseguir distintos delitos. Como ha recordado este Diario en un reciente informe, la primera vez que esto ocurrió fue en mayo del año pasado, cuando el Congreso sacó adelante la polémica ley que modifica el plazo de suspensión de la prescripción a la que poco después se acogió el entonces presidente de dicho poder del Estado, Alejandro Soto, para librarse de un proceso. Meses después, la Corte Suprema señaló que era inconstitucional y acordaron que no la aplicarían, por lo que rápidamente Perú Libre presentó una nueva propuesta para revalidarla: lo consiguieron poco después, nuevamente ante un Ejecutivo inmóvil.

Lo mismo ocurrió con la ley que favorece la minería ilegal y con aquella que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad. Y, más allá de aquellas de naturaleza penal, el Ejecutivo no hizo nada para evitar, por ejemplo, los nuevos retiros de AFP y CTS. En lo que respecta a los fondos pensionarios, es imposible olvidar el motivo que dio el ministro de Economía, José Arista, para justificar la inacción del Gobierno: que había salido adelante con una “alta votación” en el pleno.

Por lo que es más bien en lo que respecta a la postura del Ejecutivo frente a leyes claramente perjudiciales para el país aprobadas por el Legislativo cuando debería mostrar esa “mano dura” que la presidenta dice que aplicarán contra la delincuencia.