De los socavones a las urnas

En las últimas horas del 2025, un enfrentamiento a tiros entre mineros no legales en Pataz dejó tres muertos. La provincia liberteña cerró así un año sangriento, en el que casi 50 personas murieron producto de las pugnas por el control del mineral entre grupos criminales y cuyo capítulo más cruento se registró en mayo, cuando 13 trabajadores de seguridad fueron secuestrados, torturados y asesinados en el interior de un socavón por la banda Los Parqueros.

Pero es justo decir que el 2025 no solo fue un año donde vimos a esta economía criminal abrirse paso e imponer su control a balazos en varios puntos del territorio nacional, sino también uno en el que presenciamos la renuncia de las autoridades a hacerle frente. Desde el Congreso, por ejemplo, se pateó durante la segunda mitad del año pasado la discusión de una ley que estableciera por fin un marco normativo realista para formalizar a decenas de miles de mineros informales. La consecuencia fue la aprobación de una nueva ley –promulgada por el gobierno de José Jerí– que prorroga el Reinfo hasta finales del 2026. Desde el Ejecutivo, la respuesta de la administración de Dina Boluarte consistió en declarar Pataz en estado de emergencia… y nada más. Así, la provincia va camino de cumplir dos años bajo este régimen sin que los asesinatos hayan menguado. Y cómo olvidar el triste papel desempeñado por el ahora exgobernador regional César Acuña en esta trama, que prefirió abandonar el cargo para postular a la presidencia cuando todavía le quedaba poco más de un año de gestión.

Ante la dejadez –cuando no complicidad– de las autoridades, los ciudadanos tenemos este año una oportunidad para plantarle cara al avance de la minería no legal. Y ese consiste en no apoyar en las urnas –en las elecciones de abril, claro está, pero también en las de octubre– a partidos y candidatos que han apoyado a esta economía criminal y sus múltiples instrumentos en el último año. Por cuestiones de espacio, no podemos citarlos a todos aquí, pero la ciudadanía sabe bien quiénes son. Basta con revisar cómo votaron las bancadas congresales en temas como la extensión del Reinfo o la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien se opuso a prorrogar el registro; o recordar a los partidos que no han mostrado vergüenza en sumar a mineros no formales en sus listas parlamentarias o en sus actividades proselitistas.

Al fin y al cabo, todos los especialistas coinciden en que este es el año en el que la minería criminal tratará de dar el salto de los socavones a las urnas. Y quienes podemos impedir ello somos los electores. No lo olvidemos.