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“Washington D.C. es hoy un lugar más peligroso para vivir que [...] Bogotá, Ciudad de México, Lima [...] ¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo”, declaró el presidente estadounidense, , el pasado lunes, situando a la capital del Perú en su lista de ciudades más peligrosas del mundo.

Que el mandatario de la primera potencia del planeta mencione a Lima como sinónimo de peligro debería alarmar a las autoridades peruanas. Sin embargo, lo grave no son las palabras de Trump, sino la realidad que las sustenta: el Perú se ha convertido en un país donde la campea sin control y los números del 2025 le dan la razón.

Hasta el 4 de agosto se han registrado 1.293 homicidios, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef): una muerte cada cuatro horas. Solo en los primeros seis meses, 963 personas fueron asesinadas, superando en 161 casos el mismo período del 2024. Lima concentra 462 homicidios, seguida por La Libertad con 141 y el Callao con 121.

Asimismo, la región de Piura acumula 73 homicidios en lo que va del 2025, Sullana lidera la percepción de inseguridad con 75,6% y Chiclayo mantiene más de 15 redes criminales operando impunemente.

Con respecto a las extorsiones, la situación es aún peor. Según el Sistema de Información Policial (Sidpol), Lima registró un aumento del 54,5% entre enero y julio del 2025 en comparación con el mismo período del 2024, con 69 denuncias diarias en junio. En cuanto a los distritos de la capital, el Cercado de Lima encabeza el listado con 950 denuncias, seguido por San Juan de Lurigancho con 930.

Esto ha hecho que más de 2.000 tiendas decidan cerrar por extorsiones, mientras el 86% de peruanos se siente inseguro, según una encuesta de Datum publicada por El Comercio en abril. En el mismo sondeo, se evidencia que el 80% de ciudadanos considera que el gobierno no tiene estrategia para garantizar la seguridad ciudadana y es que la respuesta gubernamental sigue siendo la receta fallida: estados de emergencia. Un análisis de ECData publicado hace unos meses concluyó que el estado de emergencia es más una “declaración política” que una herramienta de seguridad, priorizando el efecto mediático sobre la resolución de las causas estructurales de la delincuencia. Es decir, la principal estrategia del gobierno no es efectiva para combatir la delincuencia.

La mención de Trump daña nuestra imagen y genera el riesgo de ahuyentar inversiones. Hemos ganado el reconocimiento mundial que no queríamos: ser percibidos como una nación dominada por criminales.

La pregunta del mandatario estadounidense resuena: “¿Quieren vivir en lugares así?”. Para millones de peruanos, no hay otra opción más que esperar que algún día nuestros gobernantes entiendan que combatir la delincuencia requiere estrategias reales y efectivas.

Editorial de El Comercio

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