Minero de despensero

Los dirigentes gremiales que en algún momento representaron los intereses de los mineros informales tienen derecho a cambiar de rubro laboral. Los que años atrás tuvieron o intentaron tener una concesión minera de dudosa legitimidad, también. Pero de ello no necesariamente se desprende que sea una buena idea que estas personas ocupen luego puestos prominentes en instituciones públicas cuya opinión es tomada en cuenta para regular la minería informal.

Eso es exactamente lo que habría sucedido en la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario, José Luis Quequejana, defensor adjunto de la entidad, fue representante de la Federación de Mineros Informales de Madre de Dios (Fedemin) y sindicado por la propia defensoría –hacia el 2010– como promotor de un bloqueo de carreteras que dejó cinco fallecidos. Quequejana, además, solicitó tres concesiones mineras que fueron rechazadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por hallarse –total o parcialmente– en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Su potencial zona de operaciones, en Puerto Inca, Huánuco, habría sido la misma en la que este Diario denunció hace dos semanas el avance sostenido de la minería ilegal.

Su pasado laboral, pues, ayuda a explicar sus posturas actuales sobre el tema. La semana pasada, se pronunció en contra de la exclusión de 50 mil mineros del Reinfo. Esta, que era una de las pocas medidas acertadas de la actual administración en la problemática de la minería ilegal, ahora pende de un hilo tras la reciente concesión del Gobierno de revisar la disposición. Lo peor del caso es que el propio defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se alineó con los comentarios de Quequejana.

La Defensoría del Pueblo, vale recordar, existe para “defender y proteger los derechos fundamentales de las personas, con énfasis de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. En vista de la realidad de la minería ilegal –evidente en zonas como Pataz, Madre de Dios, Puerto Inca o Puno–, es difícil pensar en otra actividad económica en el país con un mayor número de gente expuesta a la trata de personas, abusos de todo tipo, riesgos laborales, violencia y vejámenes diversos. ¿No debería ser esta, más bien, la preocupación central de la defensoría cuando de minería ilegal se trata? Y todavía no habríamos terminado de descubrir hasta dónde llega ya la influencia en el aparato público de esta actividad ilícita.