Para desempeñar adecuadamente sus funciones, los políticos deben tener la habilidad de sacudirse de las críticas –sobre todo cuando estas cargan mala intención–. Llevada esta maña al extremo, sin embargo, los representantes nacionales se convierten en personajes cargados de desvergüenza, cinismo y descaro, ajenos a la realidad y a su propio pasado.
En los últimos años, posiblemente el representante más emblemático de esta agraviante práctica ha sido el expresidente Martín Vizcarra. Su paso por el Gobierno Regional de Moquegua está manchado de serias acusaciones de corrupción (y que en su momento le valieron la vacancia presidencial). La fiscalía continúa procesándolo por el presunto delito de colusión agravada durante la licitación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua II, vinculada a la empresa Obrainsa.
Según el Ministerio Público, habría recibido más de S/2 millones en coimas. Luego, durante su presidencia, cerró el Congreso de manera autoritaria, impulsó reformas constitucionales populistas y altamente perjudiciales para el país (como la prohibición de la reelección parlamentaria), se vacunó contra el COVID-19 antes que el resto de la población y mintió al respecto, entre otras prácticas igual de condenables.
Ahora, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Martín Vizcarra habría sido el cabecilla de Los Intocables de la Corrupción, una presunta organización criminal que manipuló los contratos en Provías Descentralizado “con la finalidad de direccionar las obras y con ello favorecer a las empresas chinas y nacionales que se alineen al pago [de un soborno] del 3,5%”. Mientras tanto, el expresidente también acumula 16 denuncias en trámite en el Congreso de la República y, según testimonios del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, el expresidente se habría aprovechado de su cercanía con el Ministerio Público para impulsar su propia agenda y dañar a sus enemigos políticos con la justicia penal como arma.
Con toda esta mochila a cuestas, lo prudente para Vizcarra parecería ser concentrarse en sus defensas legales, presentar descargos creíbles y, mientras esto sucede, alejarse de la política populista y de los reflectores. Lejos de ello, el exmandatario inventa conspiraciones en su contra en redes sociales, encabeza eventos políticos (pese a estar inhabilitado por el Congreso) y ataca a quienes difunden información sobre sus procesos penales. Esta semana, de hecho, criticó en sus redes a este Diario por revelar el avance de las investigaciones que tiene abiertas.
El Comercio, por supuesto, seguirá publicando contenido de interés nacional –como son los presuntos casos de corrupción en contra de altas autoridades– todas las veces que sea necesario. Los vínculos de Vizcarra con la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por ejemplo, se recogen también en la edición de hoy.
Vizcarra siempre se vio a sí mismo como un político original –diferente de quienes lo antecedieron–. Por eso no deja de ser curioso que utilice las mismas excusas del resto de políticos que, cuando se ven cercados por la justicia, aluden a conspiraciones de mafias en su contra que –supuestamente– temen a su popularidad y alcance ciudadano.
El libreto lo tuvieron desde Alejandro Toledo hasta Vladimir Cerrón. Es cierto que Vizcarra fue un presidente popular, pero los destapes de los últimos años –junto con su actitud polarizadora y antidemocrática– deberían poner las cosas en su lugar. Lo más probable es que sea solo cuestión tiempo antes de que todo el país lo pueda ver con suma claridad. Y ahí estaremos para contarlo.