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Desde el 7 de diciembre del 2022, y sus cómplices vienen burlándose de las instituciones peruanas. Ese día, como todos recordamos, trataron de intervenirlas, del Congreso al Ministerio Público, para inaugurar un régimen dictatorial. Por fortuna, fracasaron. Pero, desde entonces, en lugar de arrepentirse, han continuado confrontando, denunciando una persecución política que no existe, negando lo que todo el Perú vio por televisión y tratando de eludir la mano de la justicia.

Para ello han contado con aliados claves. Uno es Morena, el partido que gobierna México, antes con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Otro es el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que busca llevar en su lista al Senado a Chávez sin importarle que se encuentre en pleno juicio por intentar disolver el Parlamento que él mismo integra. Nada raro, por cierto, viniendo de alguien que en el pasado no le hizo ascos a darle la mano a quienes trataron de destruir la democracia, desde Pedro Castillo hasta Antauro Humala.

Pero además de aliados, los golpistas se han venido beneficiando también de la dejadez de las mismas instituciones que trataron de destruir. No olvidemos que, si Betssy Chávez hoy se encuentra atrincherada en la embajada mexicana, se debe, en parte, a varias negligencias, desde la fiscalía, que se tardó en renovar el pedido de prisión preventiva, hasta la policía, que no logró prever –ni neutralizar– lo que era una fuga anunciada. Sin embargo, todavía hay cosas que las instituciones pueden hacer para evitar que Chávez siga burlándose de ellas.

La primera es, por cierto, la más obvia: que el Poder Judicial le dé celeridad al juicio por el golpe, que ya está en su etapa final. En paralelo, el Congreso tiene la obligación de votar la acusación constitucional contra ella por haber infringido –o, para ser más precisos, pisoteado– la Constitución, y que desembocaría en su inhabilitación, lo que frenaría la afrenta de que se presente en las elecciones del próximo año. Por último, el Ejecutivo tiene también una responsabilidad mayúscula. Como dijimos el martes, debe analizar todas las opciones para negarle el salvoconducto, siempre dentro de las reglas y el respeto de los tratados internacionales. Su asilo sentaría un peligroso precedente para la región en la que procesados de toda laya podrían encontrar refugio en países gobernados por correligionarios.

Si Betssy Chávez ha podido burlarse durante tanto tiempo de las instituciones peruanas es porque estas, hasta cierto punto, lo han permitido. Ya estuvo bueno. La situación demanda firmeza, pero también celeridad.

Editorial de El Comercio.

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