Parar la máquina de despilfarro

En el último día del 2025, el gobierno finalmente tomó una decisión respecto de Petro-Perú. Como sabemos, la petrolera se encuentra desde hace tiempo en una situación crítica –no tiene dinero ni para garantizar el suministro de papel higiénico en sus instalaciones– y la ministra de Economía, Denisse Miralles, había descartado hace poco un nuevo rescate, por lo que restaba por ver qué haría el Ejecutivo para aliviar la enorme carga financiera que supone Petro-Perú para todos los peruanos.

Pues bien, la respuesta vino en la forma de un decreto de urgencia, publicado la noche del 31 de diciembre, que establece la reorganización patrimonial de todos los activos de la estatal –incluyendo la refinería de Talara– con la finalidad de que pueda desprenderse de alguno de estos. Dicho proceso quedará a cargo de Pro Inversión, para lo que se le transferirá específicamente S/144 millones. Además, el Ministerio de Energía y Minas le dará S/240 millones adicionales a Petro-Perú para que se pueda liquidar trabajadores.

Hay que decir que, por primera vez en muchos años, al fin un gobierno toma una decisión de fondo sobre Petro-Perú. En el último tiempo, la petrolera estatal ha ido dilapidando el dinero de los contribuyentes sin que ninguna administración se atreviese a hacer algo para cambiar esta circunstancia, ya sea por ceguera ideológica o por el cúmulo de intereses que existen en el interior y alrededor de la empresa que se encargaron de tirarse abajo los pocos intentos de reforma que aparecieron en el camino para tratar de contener el despilfarro. En ese sentido, nunca deja de sorprender la desvergüenza de quienes defienden el statu quo en Petro-Perú para decir que cualquier reforma que busque volverla más eficiente pone en riesgo “la seguridad energética del país”, cuando es más bien la situación de la estatal –que ya no puede ni siquiera garantizar el abastecimiento de combustible en las regiones donde tiene gran participación de mercado– la que pone en riesgo dicha seguridad.

El decreto de urgencia es, qué duda cabe, una decisión necesaria. Pero el verdadero reto será su implementación. Como es previsible, aparecerán los intereses de siempre para frustrar su aplicación o, cuando menos, cobrársela cara al Ejecutivo (ya se ha presentado una moción de censura contra la ministra Miralles en el Congreso por este tema). Sin embargo, si el gobierno quiere realmente dejar al menos una reforma clave, tiene aquí una por la que vale la pena mantenerse firme.