Manchar la marcha

El paro de transportistas de esta semana fue una manifestación pacífica que reunió a miles de ciudadanos en diversas ciudades del país que salieron a las calles para protestar por el desborde de la criminalidad y, especialmente, de su variante extorsiva, que supone un dolor de cabeza para muchísimos connacionales. Se trata, sin duda alguna, de un reclamo legítimo y necesario, toda vez que quienes deberían atenderlo –las autoridades– lucen más bien desenfocados, concentrándose en medidas fallidas y dejando de lado aquellas que los especialistas sostienen que podrían ser más útiles.

Sin embargo, lo que debería ser un llamado a la acción contra la inseguridad corre el riesgo de verse empañado por el aprovechamiento que algunos quieren hacer del legítimo reclamo ciudadano.

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Walter Carrera (que, para más luces, es militante del partido Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra), está tratando de llevar agua para su molino en una coyuntura crispada. En lugar de centrarse en las demandas de seguridad que motivaron inicialmente la protesta, Carrera ha amenazado con boicotear el foro APEC que se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre en Lima, si el Congreso no declara la vacancia por incapacidad moral permanente de la presidenta Dina Boluarte.

Esta amenaza no solo es irresponsable, sino que pone en riesgo una oportunidad invaluable para el país: ser sede del APEC, después de todo, representa una ventana para atraer inversiones, especialmente en momentos en los que se necesita revitalizar nuestra economía. Las amenazas de paralizar este evento solo contribuyen a agravar la situación económica del país y alejan las posibilidades de inversión que tanto necesitamos.

No se trata de priorizar problemáticas, ya que la seguridad y el desarrollo económico son interdependientes: a mayor crimen, menor crecimiento económico. Sin embargo, al mezclar demandas con agendas propias, se empantana el espíritu principal de las marchas, se genera confusión entre los ciudadanos y se termina por hacerle un flaco favor a la necesaria demanda por mayor seguridad.

No deberíamos aceptar que se utilicen preocupaciones legítimas de la ciudadanía como herramientas de presión para impulsar agendas propias. Al hacerlo, de hecho, se termina obstaculizando la búsqueda de soluciones para el problema que en un inicio motivó las movilizaciones, pues se lo pierde de vista y, con ello, se pierde de vista también el justo reclamo de decenas de miles de peruanos.