Red monstruosa

Con el avance de las economías criminales en los últimos años y la inminente llegada de las elecciones generales y de las subnacionales del 2026, se ha hecho común especular sobre la posible penetración de mafias en lo más alto del aparato público.

Pero esto ya no es solo teoría. Recientes informes de la Unidad de Investigación de El Comercio (UDI-EC) apuntan a que existe evidencia concreta sobre el interés de grupos criminales de entrar en política directamente. Hace dos semanas, publicamos una investigación que señalaba que, entre la banda Los Occidentales-DESA, dedicada al cobro de cupos y extorsiones a transportistas, figuraban cuatro militantes de partidos políticos con inscripción vigente. Según la policía, la organización tenía más de S/20 millones en 50 cuentas bancarias; más que suficiente para financiar casi dos campañas presidenciales o 41 campañas al Congreso, de acuerdo con estimaciones de especialistas.

Ayer, la UDI-EC publicó un nuevo informe aún más grave. En la banda criminal dirigida por el recientemente capturado Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, aparecen nueve personas con carnet partidario. Entre las organizaciones políticas con presuntos miembros de la red de Hernández se cuentan RUNA, Renovación Popular, Ahora Nación, PRIN, Libertad Popular, Salvemos al Perú, Comunidad Política Inka Perú y Partido Político ADP. Es decir, apuestan desde ya a distintos caballos.

Ante las revelaciones, diversos partidos han indicado que suspenderán o expulsarán a los involucrados. Pero ya es tarde. El sentido común sugiere que esta sería solo una fracción del problema. No hay duda de que la estrategia de infiltración de bandas criminales entre las cuatro decenas de partidos con inscripción vigente ha sido exitosa. La prensa de investigación y la sociedad civil organizada pueden ayudar a destapar algunos casos, y las autoridades electorales tienen también un rol que jugar. Pero la responsabilidad central está en los partidos políticos que no han implementado filtro alguno para evitar que los peores elementos de la sociedad formen parte de su militancia y, eventualmente quizá, de sus candidatos.

La decisión final sobre quiénes ocuparán cargos políticos el próximo año depende de los ciudadanos, pero no por eso se debe dejar de señalar –con claridad y contundencia– el enorme daño que hacen ciertos partidos al incluir entre sus filas a personas presuntamente involucradas en extorsiones, secuestros y asesinatos. Si el país sucumbe al crimen organizado en los siguientes años, hoy sabemos de sobra quiénes serán los principales responsables.