Perpetuando la ilegalidad

La decisión del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, de anunciar la cuarta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2025 constituye una confesión tácita de que el Estado Peruano parece haber tirado la toalla con respecto al combate de la minería ilegal y ha optado por institucionalizar esta práctica. Esta nueva prórroga, que se suma a las tres anteriores desde su creación en el 2016, confirma lo que diversos sectores han denunciado sistemáticamente: el Reinfo no es un instrumento de formalización, sino un mecanismo perverso de legitimación de la ilegalidad minera.

Los números son devastadores y revelan el fracaso rotundo de esta política gubernamental. De los 87.111 mineros informales inscritos desde la creación del registro, apenas el 2,4% ha logrado formalizarse efectivamente. Esta cifra irrisoria demuestra que el Reinfo ha funcionado más como un salvoconducto para continuar operando al margen de la ley que como una herramienta genuina de ordenamiento del sector extractivo nacional.

La responsabilidad de esta situación recae tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. El primero, por su complacencia sistemática hacia los sectores que se benefician del desorden regulatorio y la permisividad institucional (hace tan solo unas semanas el Ejecutivo retrocedió en su decisión de reducir drásticamente el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Nasca, una disposición que iba a realizarse pese a que el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, reconoció que existía minería ilegal dentro del área protegida); y el segundo, por su impericia al concluir la legislatura sin aprobar la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), dejando el tema crucial relegado hasta agosto próximo y no son pocos los legisladores que incluso defienden esta práctica como Alex Paredes (Bancada Magisterial), quien recientemente profirió amenazas veladas contra los legisladores que se opusieron al predictamen de la ley MAPE, advirtiendo que, “desde todas las regiones, los mineros informales reclamarán a los congresistas que no respaldaron esta ley tan esperada”.

La ampliación hasta fin de año no hace sino postergar indefinidamente una solución estructural al problema. Mientras tanto, la minería ilegal continuará generando millones de dólares anuales, contaminando ríos amazónicos con toneladas de mercurio y expandiendo peligrosamente el control territorial de organizaciones criminales que desafían abiertamente la autoridad estatal en vastas zonas del territorio nacional.

El Estado Peruano se enfrenta, pues, a una disyuntiva crucial: enfrentar definitivamente a las mafias que controlan la minería ilegal o seguir siendo cómplice de la consolidación territorial de esta práctica que está haciéndole tanto daño al país. La cuarta ampliación del Reinfo parece evidenciar, lamentablemente, que desde el Gobierno se ha escogido la segunda opción perpetuando al menos hasta fin de año un ciclo vicioso de ilegalidad que amenaza gravemente el orden interno del país.