La tortilla se voltea

Pocas historias político-judiciales en el Perú han exhibido tantos episodios y zigzagueos como la que tiene como protagonista a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. La última escena es que la Corte Suprema confirmó su reposición en el estatus que tenía en el Ministerio Público. Por unanimidad y con una ponencia de César San Martín, revocó la suspensión dispuesta por un juez provisional, Segismundo León, quien la firmó y renunció. La trama parece tomar ahora un rumbo insospechado. La sucesora de Benavides, Delia Espinoza, afronta un proceso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría terminar con su carrera.

La primera JNJ (2020-2024) suspendió a Benavides como fiscal de la Nación el 6 de diciembre del 2023. Después la destituyó por haber apartado a una fiscal suprema provisional que veía una investigación contra su hermana. En enero del 2025, la JNJ, con nuevos integrantes, resolvió una segunda destitución, por el cese irregular de un magistrado. Esta sanción, cuando fue reconsiderada, se redujo a una suspensión de 60 días, lo que no causó escándalo. Pero sí lo hubo cuando la JNJ anuló la primera destitución, disponiendo que Benavides fuera repuesta en el cargo. La medida creó confusión porque ya había una fiscal de la Nación −Delia Espinoza− elegida por la Junta de Fiscales Supremos.

Surgieron opiniones componedoras. Una de ellas, readmitir a Benavides y esperar unos pocos días hasta que venciera su mandato, el 1 de julio. Otra fue consultarle a la JNJ qué hacer ante el problema de las dos cabezas. Entre las opciones, Delia Espinoza escogió la peor: desobedecer a la JNJ y abrir una investigación a sus miembros bajo la rebuscada hipótesis de que omitió formalidades insustanciales. Quería hasta el video de la sesión que reponía a la ex fiscal de la Nación. Por otra parte, la objeción principal al retorno de Benavides es ajena a la discusión sobre los procedimientos. Es que se la investiga por graves acusaciones. Pero esta situación choca con el hecho de que fueron violados sus derechos. El apresuramiento y las triquiñuelas pueden terminar fortaleciendo al investigado. Es lo que está ocurriendo.

La decisión del juez León solo retrasó por unas semanas el retorno de Benavides a la junta de los supremos. El pedido de suspensión fue porque nombró fiscales para supuestamente beneficiar a imputados de Los Cuellos Blancos del Puerto, a cambio de un informe que la favoreciera en un proceso ante la JNJ. Sin embargo, por ser fiscal suprema, Benavides debía ser desaforada por el Congreso antes de que el Poder Judicial viera algún caso penal que la imputara. Y el Congreso había hecho precisamente lo contrario: archivar una denuncia constitucional, por los mismos hechos, presentada por Delia Espinoza.

La fiscal de la Nación ha criticado la inusitada celeridad de la subcomisión parlamentaria de acusaciones constitucionales para mandar al archivo su requerimiento, como si actuara por un interés específico. Es verdad que allí hubo una componenda pro Benavides. También es cierto que el juez León actuó como parte de una maniobra anti-Benavides en el Poder Judicial. Lamentablemente así funcionan las cosas cuando la politización interviene en la justicia.

La falta del desafuero como requisito ineludible constituyó el primer motivo por el que la Corte Suprema revocó la suspensión. El segundo fue que Benavides nunca reasumió como fiscal de la Nación. Espinoza pidió apartarla del puesto que ella misma detentaba. “No está materialmente ejerciendo el cargo”, dijo la resolución. Antes de reponerla como fiscal suprema, Espinoza viene tratando de demorar todo lo posible el acontecimiento, pero ya no podrá alterar la cuestión de fondo: contra la mayoría de pronósticos, la ex fiscal de la Nación vuelve a la cúpula del Ministerio Público. Solo una nueva denuncia en su contra, que tuviera la potencia de un misil, podría cambiar las cosas en el corto plazo. ¿Por qué?

Benavides podría esperar medidas adversas de tres fuentes. La primera, del Congreso, donde están en trámite cinco denuncias, que proceden de los dichos de su exasesor Jaime Villanueva. Como tiene apoyo político, difícilmente se producirá una decisión de desafuero, además de que las versiones aún no tienen corroboración. En el Poder Judicial, como está visto, los fiscales supremos no pueden ser tocados sin el requisito del antejuicio. En la JNJ, por último, no hay decisiones inminentes. El proceso por la remoción de la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla, que dio motivo para la primera destitución, está recomenzando desde cero, porque fue anulado hace pocas semanas. Aunque al final podrían suspenderla, si se tiene en cuenta que la JNJ lo hizo debido a la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata, con maltrato y motivación insuficiente. Es lo que se le increpa en el Caso Revilla −incluso ambos fueron cambiados con la misma resolución−, aunque sumándose conflicto de intereses. Si se le impusiera la máxima suspensión posible, de 120 días, ya estaría compurgada, porque por sacar a Revilla estuvo destituida más de un año. Es el criterio que acaba de emplear la JNJ para decir que su suspensión por Zapata (60 días) ya fue cumplida porque por ese motivo estuvo destituida más tiempo.

Otro procedimiento disciplinario de Benavides ante la JNJ es el abierto a fines del 2023, cuando estalló la Operación Valkiria. Entonces la JNJ la suspendió con solo las declaraciones de Villanueva, y fotocopias de unos chats que este admitió haber intercambiado con un agente misterioso. El procedimiento fue anulado a consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional. También está recomenzando. Todo lo cual no significa que Benavides está libre de responsabilidad, sino que tiene un cierto respiro mientras afronta sus procesos. Paradójicamente, es la fiscal de la Nación la que se encuentra en mayor aprieto, porque la JNJ la investigará y previsiblemente sancionará por haber desacatado la orden de reponerla en su cargo.

Hay que advertir, al respecto, que los pares de Espinoza se cuidaron de no incurrir en falta. El pasado 23 de junio, la Junta de Fiscales Supremos acordó, por unanimidad, que, a fin de dar cumplimiento a la decisión de la JNJ de reponer a Benavides, requería un pronunciamiento adicional sobre los efectos de esta medida, porque ellos ya habían elegido de buena fe a otra magistrada para el período 2024-2027. Es decir, no rechazaron la reposición como sí lo hizo, claramente, la fiscal de la Nación. Incluso se filmó para enviar un mensaje público que no solo registraba su desacuerdo −lo que sería irreprochable− sino su oposición a la medida, de manera frontal, hasta con su vida.

No debería estar en funciones una magistrada suprema con sospechas tan graves como las que carga Benavides, sin que estén esclarecidas. Tampoco debería conducir el Ministerio Público una fiscal de la Nación que desafía abiertamente la legalidad. Entre los no deseados incluiría al presidente de la JNJ, Gino Ríos, herido en el flanco por antecedentes censurables en su vida familiar. Para sacar y poner jueces y fiscales, debe estar libre de cuestionamientos. La lista puede crecer, pero ya sabemos que el sistema no permite que una alta autoridad pueda ser objeto de una investigación célere, ajustada a los hechos concretos. La lucha de facciones alarga y manipula los procesos, al punto que están descubriéndose casos de fabricación de pruebas cada vez más repudiables. Como el consenso para una reforma parece inviable por el momento, solo queda mantener los ojos muy abiertos para entorpecer los desmanes contra los justos y los pecadores.