Un grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) vendrá al Perú para “hacer un análisis de la situación” del país luego de que el gobierno de Pedro Castillo denunciase que una “nueva modalidad de golpe de Estado” está gestándose en su contra.
Con esto, el jefe del Estado y el canciller César Landa, que ha hecho de Torre Tagle una trinchera de la defensa legal de su líder, han concretado una movida importante a favor de la campaña de victimización del presidente. Porque, si bien el desenlace de la solicitud estaba cantado, toda vez que el Consejo Permanente de la OEA no iba a desairar un pedido hecho por uno de los estados que lo conforman, la naturaleza y la pompa de todo el procedimiento ya quedaron muy bien para la narrativa que Castillo quiere impulsar. Aunque ninguna conclusión se haya alcanzado, la sola intervención de un organismo internacional, la aprobación por ‘aclamación’ de la resolución y el envío de una misión, son gestos que sirven para que algunos incautos le atribuyan algo de asidero a la demanda del Gobierno Peruano.
Ante todo esto, y frente a la visita de los emisarios de la OEA, será importante que tanto el Parlamento como la fiscalía y la sociedad civil estén a la altura del juego diplomático y trabajen para deshacer el cuento que el profesor quiere contar. Sí, las pruebas de la podredumbre del régimen abundan, pero en este terreno las formas importan tanto como el fondo y hay que moverse con prudencia e inteligencia. Dos insumos que, lamentablemente, escasean en la oposición.
Debería sobrar decirlo, pero, por ejemplo, la llegada de los veedores no debería ser vista como una oportunidad apropiada para que los sectores conservadores del Congreso aireen sus preocupaciones conspiranoicas. Hace apenas tres semanas, cuando se realizó la Asamblea General de la OEA en Lima, parlamentarios como Alejandro Muñante (Renovación Popular) impulsaron marchas contra la “ideología de género” y la “agenda inmoral globalista” que acusan a la organización de querer imponer. La protesta incluyó a antivacunas –que decían que estos fármacos buscaban diezmar a la población mundial– y hasta a defensores de la mentada Manada de Surco, el grupo de criminales que violó a una joven en ese distrito. Divorcios de la realidad que, en este caso, solo beneficiarían al Gobierno.
En esa línea, la oposición también deberá esmerarse por resaltar la potabilidad constitucional de mecanismos como la vacancia e, incluso, de la eventual suspensión del presidente tras la denuncia constitucional. Esto implica más elocuencia que aspaviento, precisamente lo que ha caracterizado a los opositores que, por preferir el grito sobre la estrategia, han fracasado en los dos últimos intentos que hubo para destituir al presidente.
Pero la tarea más importante estará en manos de otros organismos, como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la contraloría. Sus titulares tienen que ofrecer una versión desapasionada de la realidad, lo que incluye explicar la viabilidad legal de las investigaciones y de los procesos preparatorios, y la detallada descripción de todas las pruebas que se han acumulado contra el presidente. La verdad, en fin, es lo que va a terminar por sepultar a este Gobierno y es el arma que se debe empuñar.
“Compórtense, hay visitas”, es quizá la frase que mejor resume lo que se espera frente a la llegada de la OEA. No porque lo que vaya a decir tenga que cambiar lo que en el país se decida hacer contra la presunta corrupción de Castillo, sino porque, de alguna manera, se tiene que combatir el daño que el presidente le ha hecho a nuestra imagen internacional usando la Carta Democrática como estrategia desesperada de defensa.