Si bien será un largo camino, el Congreso dio el primer paso para desaparecer la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, en su lugar, crear la Escuela Nacional de la Magistratura. La iniciativa aprobada el miércoles en la Comisión de Constitución deberá ser puesta a debate en el pleno y, por ser reforma constitucional, requiere de 87 votos a favor en dos legislaturas.
Según el proyecto de la congresista Gladys Echaíz, la Escuela Nacional de la Magistratura será el “centro superior de alta especialización e investigación académica encargada de la selección y formación de los aspirantes a jueces y fiscales, así como de su nombramiento, siendo responsable de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento”.
La propuesta expresa que esta escuela cuente con un consejo directivo, que integrarían un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos.
La reforma establece también que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Senado por un período de cuatro años renovable. Este punto es el que ha generado la mayor controversia, pues los críticos de la norma alegan que se le dará al poder político la potestad de designar a las autoridades del sistema electoral.
En un comunicado hecho público horas después de la aprobación del dictamen, la JNJ rechazó la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, pues considera que afecta a todo el sistema de justicia y la institucionalidad del país. Alega que esta reforma es un retroceso y cuestiona la “injerencia del poder político en la designación de los jefes de la ONPE y el Reniec”.
Como se recuerda, la JNJ se creó luego de que en julio del 2018 un escándalo de corrupción salpicó al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el Congreso destituyó a todos sus miembros y fue el referéndum de diciembre del 2018 –impulsado por Martín Vizcarra– el que consagró su creación.
Si bien la Escuela Nacional de la Magistratura es una iniciativa positiva para institucionalizar mediante la meritocracia y aptitudes académicas la designación de jueces y fiscales, también podría desvirtuar su cometido si su dirección no se pone en buenas manos. Al final, siempre serán las personas las que tomen las decisiones.
Es innegable que la JNJ hace rato que perdió el sentido de su creación, por lo que la propuesta de Echaíz resulta una alternativa saludable en busca de mejorar el tan manoseado –y politizado– sistema de justicia.