Contrariamente a lo que aconsejaría la prudencia semántica, el título que encabeza esta columna se otorga cada cinco años. Cerca de la conclusión de un quinquenio, los peruanos solemos calificar el desempeño parlamentario reciente como el más improductivo, ineficiente o, sencillamente, el más vergonzoso en la vida de nuestro país. Cada lustro, un elenco en el hemiciclo deja la valla en el piso, para que un nuevo grupo de legisladores tomen pico y lampa (figurativamente hablando) y busquen espacio en el subsuelo.
El Congreso elegido en el 2016 tuvo solamente 38 meses para hacerse del ‘honor’ antes de ser disuelto. Y se esforzó. Batió el récord de iniciativas legislativas dirigidas para dañar al Ejecutivo, cambiar la correlación de poderes y silenciar a la prensa incómoda. Tres de ellas fueron declaradas inconstitucionales (ley antitránsfugas, publicidad estatal y cuestión de confianza). Además, abusó de su poder fiscalizador para hacerle la vida imposible al Gobierno, y citar, interpelar y censurar ministros por antojo. Manipuló sus prerrogativas constitucionales para blindar a aliados y “hermanitos” (como el exfiscal de la nación Pedro Chávarry o el traficante de favores convertido en juez supremo César Hinostroza), y convertir a la inmunidad parlamentaria en el emblema de la desfachatez.
Desde marzo de este año, sin embargo, tenemos un nuevo Parlamento. Y llueve, truene o ‘coronaviree’, parece decidido a arrebatarle la ‘distinción’ al Congreso predecesor. Hagamos un breve resumen:
–Pésimo ejemplo: Cuando la recomendación uniforme (¡a escala mundial!) era la de mantener el distanciamiento social, este Congreso literalmente se sentó en la noticia y en sus curules. Una juramentación presencial y una sesión plenaria después, tenemos a 10 legisladores contagiados y más de 13 trabajadores parlamentarios infectados con el COVID-19.
–Golpes económicos: La pandemia dejará quizá la peor recesión económica de nuestra historia reciente. Cuando la mesura es lo que más se necesita de nuestras autoridades, un atropello populista por parte del Congreso abrirá terribles agujeros en la billetera estatal y la de todos los peruanos. Por un lado, el retiro del 25% de los fondos de las AFP podría afectar gravemente el valor del 75% restante y de los ahorros de las personas que optaran por no retirar su dinero. Por el otro, la suspensión del cobro de todos los peajes en la red vial nacional aprobada recientemente en el Legislativo expone al Estado Peruano a millonarias demandas por incumplir los contratos suscritos con las empresas concesionarias. Considerando que el Ejecutivo ya había logrado suspender el cobro de 56 de los 74 peajes a escala nacional, y que la mayoría de los peruanos no va a realizar viajes interprovinciales durante una pandemia, los únicos beneficiados serían un grupo reducido de transportistas de carga.
–Menos transparencia: Mientras que cientos de miles de funcionarios públicos verán publicadas sus declaraciones juradas de intereses en las páginas web de sus entidades y en el portal nacional de datos abiertos para el escrutinio de todo el mundo, este Congreso acaba de aprobar una resolución legislativa para ocultar sus intereses. Sus declaraciones solo serán presentadas ante la Mesa Directiva del Legislativo, eliminando la obligación de publicarlas.
Con un invariable sistema político-electoral, con poco profesionalismo en los partidos y, principalmente, con la misma irresponsabilidad con la que solemos acudir a las urnas, nada hacía presagiar que este Congreso fuera menos malo que el anterior. Y apenas vamos dos meses y cuatro sesiones plenarias. Nos decepciona, pero no nos sorprende.