Periodismo y reserva de las fuentes

En el Perú de los últimos años la libertad de expresión se ha visto amenazada por propuestas que surgen de diversos poderes del Estado, tales como reglamentar los contenidos cuando se informa sobre protestas sociales, subir las penas por (supuesta) difamación o calumnia, obligar a quienes ejercen el periodismo a estar colegiados y, llegado el caso, forzar judicialmente a que los periodistas den a conocer sus fuentes periodísticas.

El periodismo de investigación es un oficio imposible sin fuentes que le permitan al periodista explorar en todos los sectores de la sociedad, incluido el interior del Estado; y no solo el periodismo de investigación. Así se ejerce la profesión en cualquier lugar del mundo, incluso si se ejerce bajo gobiernos dictatoriales.

Y es que en democracia la vigilancia no solo proviene de organismos estatales de control interno o de entidades constitucionales autónomas. Cuando se trata de asuntos de interés público también la profesa la sociedad mediante, por ejemplo, los medios de comunicación y sus múltiples plataformas. Es una función que la sociedad misma le ha conferido al periodismo, y es propio de las democracias aceptar esta práctica periodística. Por supuesto, esto no significa dar automáticamente por válido el contenido de todas las denuncias de todos los medios. Más aún, existe el delito de difamación, sancionado con pena privativa de la libertad y multa (Art. 132 del Código Penal).

En las últimas semanas, en el contexto de sendas –e incipientes– investigaciones fiscales, Gustavo Gorriti y Juan Carlos Tafur, periodistas peruanos de reconocida trayectoria, han visto amenazadas garantías cruciales relacionadas con su labor profesional. Instancias del sistema de justicia han reclamado que Gorriti –medalla de oro del prestigioso premio Maria Moors Cabot en 1992 y blanco de un prolongado y persistente acoso político– dé a conocer los números telefónicos que utilizó entre el 2016 y el 2021, junto con pedir el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Mientras tanto, Tafur ha sido objeto de allanamiento e incautación de materiales de trabajo como computadoras y teléfonos celulares.

La preocupación ante estas acciones ya ha traspasado las fronteras del Perú: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado del 22 de mayo, “llama al Estado Peruano a respetar y garantizar el derecho a la reserva de fuentes y resolver las diligencias en su contra según estándares internacionales de debido proceso y libertad de expresión”.