Hoy en día, observamos que el Congreso de la República aprueba leyes que pareciesen favorecer más a los delincuentes que a la seguridad pública. Al mismo tiempo, la ciudad de Lima enfrenta un incremento alarmante de la delincuencia, especialmente en delitos como la extorsión y el sicariato.
Ante esta situación, ha surgido una propuesta en el Legislativo: la creación del terrorismo urbano como figura legal. ¿Esta puede ser la solución para reducir la criminalidad?
En principio, dentro del marco del derecho penal, es necesario reconocer que por sí solo no puede solucionar problemas sociales. Aunque la propuesta de tipificar el terrorismo urbano busca establecer un marco legal más severo, el endurecimiento de penas no siempre se traduce en una disminución de la delincuencia.
Si bien puede tener un efecto disuasorio en ciertos sectores, no aborda las causas estructurales del crimen. Para que una medida tenga algún impacto positivo, es imprescindible que venga acompañada de reformas profundas en el sistema judicial en los cuerpos de seguridad que parecen no trabajar de manera coordinada. No basta con aumentar penas.
Es necesario garantizar que la policía cuente con los recursos y planes adecuados para desmantelar las organizaciones criminales y que los operadores de justicia –fiscales y jueces– cumplan su rol de manera eficiente y justa. Esto implica mejorar la inteligencia policial, fortalecer la investigación criminal y asegurar que las detenciones y procesos judiciales se realicen de manerarigurosa y rápida.
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