:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/b2a7c7b7-0943-4f8a-8513-6ee0c26a149f.png "Gimena Valeri Collazos Portocarrero")
El censo nacional del 2025 se perfila como una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas y, por ende, de estrategias que permitan mejorar la situación de los problemas públicos. Sin embargo, la eficacia del censo se encuentra en entredicho debido a decisiones metodológicas que podrían comprometer la calidad y la integridad de los datos recopilados, puesto que existe una combinación de factores raciales, culturales y posiblemente políticos en el proceso de recolección de información.
Una de las principales controversias radica en la propuesta de modificar las categorías de autoidentificación étnica que ya habían sido ajustadas en el censo del 2017. En esa ocasión, las opciones de ‘mestizo’ y ‘blanco’ fueron reagrupadas en una subcategoría denominada ‘otros’.
Dicho esto, tanto gremios como comunidades amazónicas, gobiernos regionales y el sector privado han señalado que fueron excluidos de las discusiones preliminares de preparación del censo, lo que podría resultar en una representación inadecuada de estas comunidades y grupos. Con esto, además, se puede afectar la formulación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las comunidades.
La confiabilidad de los datos censales es esencial para la toma de decisiones políticas en las distintas áreas que necesitan ser cubiertas por las políticas públicas, tanto para desarrollo económico como para salud y educación. Si los datos carecen de precisión, las medidas tomadas podrían basarse en información errónea, lo que perpetuaría las desigualdades y limitaría el avance hacia un desarrollo social más equitativo. Por ejemplo, una categorización inadecuada de la autoidentificación étnica podría invisibilizar a ciertos grupos poblacionales, impidiendo que se diseñen políticas específicas que aborden sus necesidades particulares.
En este contexto, la integridad del proceso censal y la calidad de los datos obtenidos dependerán, en gran medida, de la capacidad del INEI para llevar a cabo un censo inclusivo, transparente y metodológicamente riguroso. Esto garantizaría una representación fiel de la realidad social y demográfica del país, lo que, a su vez, permitiría el diseño de políticas públicas más precisas, orientadas a la resolución de problemáticas estructurales y a la mitigación de desigualdades.
