Golpe contra reforma universitaria: ¿Cuál es el camino para salvar a la Sunedu?

Una demanda de inconstitucionalidad. Esa sería la vía más factible, según expertos consultados por este Diario, para intentar frenar el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso, que propone el cambio en la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y que atenta contra la reforma universitaria.

El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó a El Comercio que para presentar esta demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) se necesita primero que la norma sea aprobada y publicada en “El Peruano”. “Este es un requisito esencial. Le ley necesita estar vigente”, precisó.

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Indicó que, según la Constitución, la demanda la pueden presentar el presidente de la República (con aprobación del Consejo de Ministros), el Congreso (25% del pleno), el defensor del Pueblo, la fiscal de la Nación, los colegios profesionales y la ciudadanía (al menos 5 mil personas). No obstante, el primer ministro Héctor Valer adelantó ayer que el Ejecutivo no observará la ley.

“El TC tiene cinco días para admitir la demanda. Tras ello, avisa al Congreso para que conteste en 30 días útiles. Después, el TC programa una audiencia para recibir informes orales. Luego, tiene 30 días para dictar sentencia. Desde presentada la demanda se esperaría casi cuatro meses para saber si la declaran fundada o no”, detalló.

Quiroga sostuvo que en este caso existe igual posibilidad de que el TC declare fundada o infundada la demanda. Si ocurre lo primero, se deroga la ley. Sin embargo, hasta ese momento la norma habría regido por un tiempo.

Eduardo Dargent, politólogo de la PUCP y experto en educación superior, opinó que lo más razonable en este caso sería que los congresistas que votaron en contra planteen la inconstitucionalidad. Sin embargo, dijo: “Por más que una iniciativa no pueda gustar no implica necesariamente que sea inconstitucional”.

Opiniones

En diálogo con este Diario, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, expresó su preocupación tras la aprobación en primera votación de la ley. Dijo que esta “obedece más a razones políticas y a un poder económico detrás, fundamentalmente de universidades denegadas”.

“Sería un retroceso para que las universidades puedan seguir funcionando como quieran. Aguardo a que en la segunda votación el proyecto regrese a comisión”, añadió.

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Indicó que la norma busca quitarle a la Sunedu su rol rector y así las universidades se desligarían del control del Estado: “Se busca la captura de la Sunedu. A través de un proceso de elección, que no está muy claro, vendrán representantes de universidades nacionales, privadas y colegios profesionales para integrar el consejo directivo, con lo cual cambiaría su estructura, dándole más un carácter de tipo político”.

En tanto, el exministro de Educación Juan Cadillo mencionó que esta ley representa un retroceso en materia de educación superior, pues con ella varias universidades no se sentirían obligadas a mejorar sus estándares. “Se podrían emitir normas que permitan, por ejemplo, darles más facilidad a los profesores para que laboren sin tener los grados que hoy se exigen, o más flexibilidad en la inversión que deben hacer las universidades para cumplir con el licenciamiento”, sostuvo. Todo esto afecta al final al estudiante.

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