Paro agrario: el Gobierno cede tras las violentas protestas

El 10 de enero, en su segundo día como titular del Ministerio de Agricultura (Minagri), José Arista se reunió con los productores de papa y las autoridades de cinco regiones.

Luego de dos horas y media de diálogo, firmaron un acta de compromiso en la que se dispuso el cese del paro de protesta a cambio
de que dichos gobiernos regionales compraran el excedente de papa blanca. Desde el Ejecutivo celebraron la medida; la primera ministra
Mercedes Aráoz incluso felicitó al ministro y tuiteó “Papea Perú!”. La decisión del Gobierno, sin embargo, trajo consigo duros cuestionamientos (ver recuadro).

Solo 19 días después, las protestas del sector estallaron otra vez, aunque con una nivel de violencia mayor.

Desde el martes, agricultores de Junín, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Pasco retomaron el paro exigiendo, entre otras
medidas, que se declare en emergencia el sector agrario.

Ese día, cerca de mil manifestantes de Huancavelica intentaron tomar la represa de Tablachaca. Al día siguiente, miércoles, en el centro poblado de Quichuas (Huancavelica), una turba irrumpió en el campamento de Electro-Perú e incendió varios espacios de la empresa. Esto originó un enfrentamiento con la policía y terminó con la muerte de Irineo Curiñaupa Campos, de 27 años, quien recibió un
impacto de bala en el pecho.

En la misma violenta jornada,Celestino Flores Venturo, de 43 años, falleció al ser baleado durante los enfrentamientos con la policía en Pasco. Ayer, el ministro Arista indicó que se había reportado una tercera víctima, pero no se dieron mayores detalles al respecto.

–Violenta jornada–
Varias carreteras del país continúan bloqueadas por piquetes de manifestantes (ver mapa). Esto ha provocado constantes enfrentamientos con la policía. Ayer, los focos de protestas más álgidos estuvieron en las regiones Junín, Pasco y Huánuco.

En Junín, se reportaron grescas en el distrito de El Tambo, cuando un grupo de manifestantes intentó cerrar a la fuerza una feria comercial
en la zona. En el centro de Huancayo, una turba ingresó al centro comercial Real Plaza y permaneció en el lugar por varios minutos.

En Pasco, un grupo de manifestantes atacó el vehículo del vicegobernador de la región, Rubén Tejada, que terminó con las lunas destrozadas. El funcionario resultó con contusiones.

En Huánuco, la mayoría de los comercios permanecieron cerrados. Grupos de policías patrullan el centro de la ciudad y las inmediaciones
del óvalo de Cayhuayna, donde se reúnen los agricultores en protesta.

—Tira y afloja—
Por la tarde, el ministro Arista apareció en conferencia de prensa junto a siete representantes de la Comisión Nacional de Productores de Papa y anunció 17 nuevos acuerdos.

Uno de ellos es que el Minagri comprará hasta 7 mil kilos de papa blanca por productor en las regiones donde se registren excedentes
de producción. El precio será de S/1 por kilo y la compra se iniciará dentro de 7 días. Arista indicó que esto generaría un costo de entre S/40 millones y S/50 millones. “Tan pronto como el precio se estabilice, la intervención del Estado será redundante”, dijo.
Fernando Gutiérrez, presidente de la comisión, anunció que informará a los agricultores que representa para dar cuenta sobre
estos acuerdos y suspender las protestas.

–En suspenso–
¿Esta decisión logrará el fin de las protestas? Aparentemente, no del todo. William Capcha, dirigente de los agricultores de Tarma, dijo a El Comercio que los 8 mil agricultores que representa seguirán con la protesta. Capcha había participado en anteriores mesas de diálogo con el Minagri, pero se retiró porque “no hubo acuerdo, un consenso, y había planteamientos del Gobierno que no nos parecían ideales”.

Además de Capcha, otro promotor de las manifestaciones y paros es Alipio Villar, quien en los últimos días participó en las protestas en Huánuco. En 1996, Villar fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de terrorismo. Formó parte de Sendero Luminoso.

—No hay prevención—
Según la Defensoría del Pueblo, el pedido de los agricultores de papa había sido identificado desde el año pasado, aunque recién este año, tras los sucesos de enero y de esta semana, ya se considera como un nuevo conflicto social.

No es la primera vez, en lo que va del actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que un conflicto social causa víctimas mortales.

En octubre del 2016, un comunero identificado como Quintino Cereceda Huilca falleció en un enfrentamiento con la policía en las
violentas protestas relacionadas al proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac.

Pese a que en marzo del 2017 se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial para la prevención y atención de conflictos sociales, el Gobierno no ha podido evitarlos. “Los gobiernos no incluyen la prevención, solo atienden los conflictos cuando están en crisis”, opinó ayer Porfirio Barrenechea, adjunto para la Prevención de Conflictos
Sociales y la Gobernabilidad de la defensoría.

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