Una mujer de 20 años asesinada por una bala perdida cuando viajaba en una custer, con su bebé en brazos, en la zona Huáscar de San Juan de Lurigancho. Un explosivo y -su cada vez más común- nota extorsiva en el frontis de la empresa de transporte Etusa que, pese al paro anunciado, tenía intenciones de salir a trabajar con su centenar de unidades. Dos eventos ocurridos en menos de ocho horas que fueron la antesala del paro de transportistas en Lima y Callao ante la escalada de extorsiones de las que son víctimas. La respuesta del gobierno de Dina Boluarte ha sido anunciar un nuevo estado de emergencia, el quinto por inseguridad ciudadana que decreta desde que asumió la presidencia.
Los distritos declarados en emergencia por 60 días calendario son Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho, y Ventanilla, en el Callao. En este periodo, la Policía Nacional se encargará de mantener el orden interno “con opciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas”.
Durante los estados de emergencia, concebidos como un régimen de excepción de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Se trata de un régimen que puede aplicarse en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que además presentarán al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para casos de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. “Eso nos va a permitir imponer drásticas sanciones en el penal de Challapalca [ubicado en Puno] a todos aquellos que cometan esos delitos”, dijo.
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Pese a que en el último mes se han agravado las denuncias de extorsión contra transportistas formales -con once empresas afectadas, 15 atentados, tres choferes asesinados y varios heridos entre agosto y setiembre- Adrianzén aseguró que le sorprendió el anuncio del paro de transportes porque se habían reunido con los gremios involucrados.
“Teníamos hasta ayer [miércoles] suscritos compromisos con nueve de las diez organizaciones gremiales de transportes. Fui el primero en sorprenderme ante esta convocatoria del paro”, dijo. Algunas medidas que mencionó son la colocación de cámaras de vigilancia en los autobuses y paraderos, así como la disposición de seguridad policial, con personal uniformado y de civil, para las unidades de transporte.
Acciones paralelas
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, añadió que otra acción implementada fue conformación de un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado, integrado inicialmente por más de 100 agentes, el que ya se encuentra trabajando en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). “Además se van a sumar 300 efectivos en situación de retiro, expertos en investigación”, dijo.
Asimismo, Santiváñez aseguró que el Perú está “mucho más allá” en la lucha contra las extorsiones en comparación con otros países. “Yo los invito a entrar a las redes sociales y ver en Google y para que ustedes puedan enterarse, Colombia el día de hoy también paró, el Transmilenio también paró hoy día por las extorsiones. Ellos recién están conformando su mesa de trabajo, nosotros ya estamos mucho más allá, estamos accionando”, enfatizó.
De igual forma, se solicitará la conformación de una Fiscalía Supraprovincial contra la extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales.
¿Va a ser efectivo o no?
En los últimos cinco años, las diferentes gestiones del Ejecutivo han declarado 9 veces estado de emergencia por seguridad ciudadana (sin contar sus respectivas prórrogas) en diferentes distritos del país. En febrero del 2019 fue en Tambopata por la minería ilegal. En diciembre del 2020, en cinco distritos de Huánuco y tres distritos de Pasco ante el avance del crimen organizado. En enero del 2022, todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao debido a los altos índices de criminalidad y delincuencia. La norma entró en vigencia recién en febrero de ese año y se amplió más de cinco veces. En marzo de ese año, tras el pedido del gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 45 días a Trujillo y otras provincias de esa región.
Solo en el gobierno de Dina Boluarte han sido 4 veces sin contar con el anunciado ayer: en diciembre del 2022 también se declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional ante la ola de protestas. Luego setiembre del 2023 en San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y siete distritos de Piura. En octubre, se sumó un estado de emergencia en el Cercado de Lima y Lince. Este año, en febrero, se declaró emergencia por 60 días en Pataz y Trujillo.
ESTADOS DE EMERGENCIA EN EL PERÚ
En los últimos cinco años
(18/2/2019) El Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días a Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios, por minería ilegal y explotación infantil. Al día siguiente, la operación policial y militar Mercurio 2019 permitió rescatar a 44 mujeres que eran explotadas en la zona. También se encontró a una menor de edad con mercurio.
(5/12/2020) El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a cinco distritos de Huánuco y tres distritos de Pasco, con la finalidad de fortalecer la lucha frontal contra el crimen organizado. Estas zonas del país fueron golpeadas por bandas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, homicidios y tala ilegal de madera.
(26/1/2022) El Consejo de Ministros acordó declarar en estado de emergencia por 45 días a Lima Metropolitana y Callao, debido a los altos índices de criminalidad y delincuencia. La norma entró en vigencia recién en febrero de ese año. Esta medida se amplió más de cinco veces.
(27/3/2022) Tras el pedido del gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 45 días a Trujillo y otras provincias de esa región. Esto debido a la ola de violencia criminal que se desató en esa parte del norte del país. Esta medida fue ampliada.
(14/12/2022) Debido a la creciente ola de protestas, toma de carreteras y actos vandálicos, el Gobierno declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 30 días calendarios. Cinco aeropuerto fueron cerrados (Ayacucho, Arequipa, Cusco, Juliaca y Andahuaylas) por los distintos hechos de violencia que se registraron en diferentes lugares del Perú.
(19/9/2023) El Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días a San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y siete distritos de Piura. Al día siguiente, en SJL se detuvieron a unas 50 personas.
(5/10/2023) La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la declaración del estado de emergencia por inseguridad en el Cercado de Lima. También dijo que extendería la norma en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y las siete localidades de Sullana, Piura. Recién el 11 de octubre, se inició el estado de emergencia en el Centro de Lima y se incluyó en esa medida a Lince.
(12/2/2024) El Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a Pataz y Trujillo debido al aumento del crimen organizado en esas zonas. Pataz ya había entrado en estado de emergencia en 2023. La ultima prorroga fue el 15 de enero de 2024.
(26/09/2024) El Gobierno de Dina Boluarte anuncia estado de emergencia en 11 distritos de Lima y 1 del Callao por 60 días ante la ola de extorsiones en el transporte público.
Fuente: Archivo El Comercio.
Para octubre del año pasado, este Diario evidenció que la medida excepcional en Lima Metropolitana no redujo los crímenes. De hecho, en menos de una semana (entre el 15 y 20 de octubre) hubo nueve asesinatos por sicariato: seis en SJL y tres en San Martín de Porres.
¿Por qué esta vez sí va a funcionar? Para el ministro de Defensa, Walter Astudillo, la respuesta está en la participación de todos los peruanos. “Es importante reiterar a la ciudadanía que para garantizar la seguridad ciudadana se requiere la participación de todos los actores sociales. ¿Qué de diferente tiene que ser este estado de emergencia? Lo diferente es eso que todos tenemos que sentirnos parte del país”, dijo ayer.
Sin embargo, extitulares del sector Interior aseguraron a El Comercio que los estados de emergencia por sí solos no constituyen una solución al problema del crimen organizado y que los ejecutados sucesivamente han fracasado.
“¿Por qué se recurre con tanta frecuencia a ella?, por puro populismo y porque el Gobierno no tiene ninguna estrategia clara para hacer frente la crisis de inseguridad. Es particularmente gráfico ver a muchos políticos exclamar mano dura contra el delincuente, pero al mismo tiempo defienden la legislación procrimen organizado aprobado recientemente por el Congreso”, dijo el exiministro Rubén Vargas en referencia a la Ley N°32108 que ya ha golpeado casos no solo a nivel operativo, sino en etapa de investigación.
Para Ricardo Valdés, también director ejecutivo de CHS Alternativo, el problema con las declaratorias de emergencia es que no van acompañadas por indicadores que permitan evaluar si funcionaron o no. “Es una medida de tipo política para calmar el estado anímico de una población enardecida. Han sido siempre dados sin una línea de base, sin indicadores de cumplimiento y por tanto ha sido difícil medir su impacto. La distribución también tiene deficiencias. No se puede dictar un estado de emergencia en Ate sin incluir Santa Anita, o en Villa El Salvador sin Villa María del Triunfo o San Juan de Miraflores, que igualmente son distritos complicados. No se entiende la lógica de la elección de distritos”, aseguró.
El exministro Wilfredo Pedraza añade una acción que sí puede resultar efectiva es la creación del grupo policial de inteligencia para investigar extorsiones. Sin embargo, si la decisión política no está acompañada por logística y presupuesto, no tendrá la continuidad necesaria para desarticular organizaciones criminales con gran capacidad operativa. “Con inteligencia es que se combate un fenómeno delictivo como este. Las extorsiones jamás se combaten con policías en los vehículos y menos con Fuerzas Armadas en la calle”, opinó.
Como ejemplo de la necesidad de invertir en inteligencia policial, Pedraza remarcó que las extorsiones han evolucionado en los últimos años: “Hace 15 años eran extorsiones individuales, hoy están manejadas por organizaciones criminales que tienen una dinámica diferente, que territorializan, experiencia y gran capacidad de fuego. Las empresas de transporte han venido pagando en los últimos años cupos de extorsión; sin embargo, hoy los grupos organizados se están peleando por las plazas. Los transportistas están entre dos fuegos”, explicó.
Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV) y exviceministro del Interior, añadió que, por el contrario, los estados de emergencia pueden generar “una percepción positiva al inicio” pese a que no ofrece herramientas adecuadas como la mejora en la investigación fiscal y policial.
Lo positivo, agrega Valdés, es que se están promoviendo reuniones de trabajo con participación del Ministerio Público, Poder Judicial , Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio del Interior permitirá tomar decisiones integrales ante un problema que tiene tiempo. “Es indispensable que se sume a estar reuniones de trabajo al sector privado, especialmente a aquellos que manejan la telefonía celular y el sector financiero”, puntualizó.
