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La absurda denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, por Yván Montoya

Al momento de la fuga de Hinostroza (7 de octubre), el Congreso aún no procedía a remitir el expediente de acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación (fue remitido el 16 de octubre).

Pablo Sánchez

"Queda claro, entonces, que al fiscal supremo Pablo Sánchez se le atribuyen omisiones y retardos que otros han cometido". (Foto: Archivo El Comercio)

Una de las peores expresiones de injusticia que experimenta un niño, y lo recuerda toda su vida, es cuando en la casa o en el colegio su hermano mayor o su compañero de clase lo culpa por algo que no ha hecho. Recibir un castigo, y peor aun una pena, por algo que uno no ha hecho, y se sabe que es otro el que lo hizo, es tal vez la forma más básica de hacerle comprender a cualquiera, aunque no sea abogado, lo grave que resulta violar un principio constitucional muy importante en el derecho sancionatorio. ¿Cuál es? El principio de responsabilidad por el hecho propio.

Eso es lo que ha ocurrido con la Comisión Permanente del Congreso, integrada por una mayoría de Fuerza Popular, al declarar procedente la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por los delitos de omisión, rehusamiento y retardo en el ejercicio de sus funciones con relación a la fuga del juez supremo César Hinostroza, investigado como una de las cabezas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Dos hechos concretos están en la base del delito atribuido al fiscal Pablo Sánchez. Por un lado, la omisión de no disponer la detención preliminar del juez supremo Hinostroza. Pues bien, la Ley 27399, que regula de manera específica las medidas que se pueden adoptar contra los altos funcionarios del Estado durante una investigación preliminar, y que parece ignoran los congresistas, establece expresamente que está excluida la medida de detención preliminar contra estos funcionarios, en tanto el Congreso no apruebe y remita la resolución acusatoria aprobada por el pleno del Parlamento.

Debe recordarse con claridad que, al momento de la fuga del investigado (7 de octubre), el Congreso aún no procedía a remitir el expediente de acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación (fue remitido el 16 de octubre). Por otro lado, por la denuncia constitucional se deja entender que el fiscal Sánchez, al disponer la videovigilancia del investigado, entonces estuvo informado por la policía de todos los movimientos del juez supremo Hinostroza. Pero eso no es lo importante. Lo importante es saber si le informaron que el investigado se encontraba en un puesto de control fronterizo. ¿De dónde se deduce esta conclusión? ¿La comisión cuenta con un informe policial que indique que se alertó de la fuga? No. Hasta lo que sabemos, el fiscal Sánchez solo recibió dos informes policiales de la videovigilancia, sin reporte de alerta alguno.

Este breve recuento nos permite preguntarnos: ¿el fiscal Sánchez omitió sus funciones legalmente previstas? No. Disponer la detención preliminar sin que el Congreso haya aprobado y remitido la acusación constitucional a la fiscalía sí hubiera supuesto un acto delictivo de Pablo Sánchez.

¿El fiscal ha retardado un acto de sus funciones? No. Tanto el inicio de la investigación preliminar como las medidas de impedimento de salida del país y de videovigilancia fueron dispuestas por el fiscal Sánchez en julio del 2018 y renovadas durante los meses siguientes, manteniendo las medidas plena vigencia. Queda claro, entonces, que al fiscal Sánchez se le atribuyen omisiones y retardos que otros han cometido.

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