Alejandro Toledo se convirtió en el cuarto expresidente de la República que alberga el penal de Barbadillo. Luego de su extradición desde Estados Unidos, el exmandatario ingresó al centro penitenciario ubicado en Ate para cumplir con la orden de 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó en su contra por el Caso Odebrecht.
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Toledo se suma a Alberto Fujimori y Pedro Castillo, quienes se encuentran recluidos en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), desde los años 2007 y 2022, respectivamente. Ollanta Humala también cumplió en dicho establecimiento una orden de prisión preventiva.
La extradición de Alejandro Toledo se concretó este domingo luego seis largos años. Todo comenzó el 9 de febrero de 2017, cuando el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente. La fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido más de US$30 millones de la constructora Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, en los tramos II y III. Al momento del fallo, el expresidente no se encontraba en el Perú.
Días después, el Gobierno confirmó que Toledo se encontraba en Estados Unidos y anunció que hacía lo posible por retornarlo al Perú por vías legales.
Posteriormente, a través de sus redes sociales, el otrora líder de Perú Posible rechazó la orden en su contra y descartó ser un prófugo de la justicia. “Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo”, escribió.
Posteriormente, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez confirmó que optaron por el camino de la extradición, previo arresto provisorio. Asimismo, la Cancillería hace llegar a la embajada de EE.UU. la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición contra Toledo. Este documento fue elaborado por la fiscalía y debía ser visto por un juez estadounidense para hacerse efectivo.
El panorama se volvió más complejo para Toledo cuando, en septiembre de 2017, se reveló que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo de Toledo, dio detalles a la fiscalía peruana sobre los presuntos sobornos que Odebrecht y otras constructoras brasileñas pagaron a Toledo a través de sus empresas. Cabe señalar que Maiman falleció en 2021.
En diciembre de 2017, el Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición contra Toledo, investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva.
El 19 de febrero de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho envía el cuadernillo de extradición a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Posteriormente, el 13 de marzo, la Sala Permanente de la Corte Suprema aprueba la extradición de Toledo.
Previamente, el 16 de marzo de 2018, este Diario informó sobre los detalles que Jorge Barata dio sobre del presunto aporte de US$700.000 a la campaña de Perú Posible en el 2011.
El 25 de mayo de 2018, la cancillería confirmó que el cuadernillo de extradición contra Toledo había sido entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que continúe el proceso.
“La Cancillería ha cumplido con entregar al Departamento de Estado, esta mañana a las 9 a.m., la solicitud de extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique”, informó el Gobierno a través de Twitter.
Previamente, el Ministerio Público había indicado que dicho documento ya había sido traducido al inglés de manera oficial y que estaba listo para que la Cancillería lo tramitara ante las autoridades de EE.UU.
En julio de 2019, el expresidente fue arrestado por mandato de extradición en EE.UU. El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, dispuso que Toledo afronte en prisión el proceso de extradición en su contra. El riesgo de fuga fue el principal argumento de fiscalía federal para que no quede libre bajo fianza.
Toledo buscó salir de prisión en más de una oportunidad y lo logró en marzo de 2020, cuando el juez Hixson ordenó la liberación de Toledo por riesgo de contraer coronavirus en prisión. En lugar de esto, el exmandatario cumpliría arresto domiciliario. También se dispuso que pague una fianza de US$1 millón.
El 21 de febrero de 2023, la Fiscalía de la Nación informó que el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición de Alejandro Toledo por colusión y lavado de activos.
Toledo intentó sin éxito detener su extradición. Finalmente, se entregó a las autoridades norteamericanas el viernes 21 de abril para ser retornado al Perú, donde cumplirá en el país la orden de 18 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial hace seis años. El caso se encuentra en control de acusación (etapa intermedia) y es seguido por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato.
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Castillo, en cambio, cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por dos casos: el golpe de Estado (18 meses) y por presuntamente encabezar una red criminal que operó durante su gestión en diversas carteras (36 meses).
En diciembre de 2022, días después del golpe Estado, Castillo fue trasladado al penal de Bardadillo mientras afronta la investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a raíz de los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre.
El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley consideró necesario que el expresidente permanezca en prisión provisoria debido a que existía el riesgo de que se fugue del país. Además, al evaluar documentos, hechos y versiones presentados en su contra, estimó que existía elementos para considerar que Castillo Terrones sería responsable de los delitos que se le imputan.
El juez también consideró que la decisión de Castillo al dar un golpe de Estado causó zozobra y enfrentamientos en país, lo cual constituye un grave daño para el país.
En marzo, Checkley dictó 36 meses de prisión preventiva contra el Castillo por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Días después este falló fue ratificado.
En su corto tiempo en Barbadillo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha sancionado a Castillo en dos oportunidades. La última por publicar una carta suya firmada en su cuenta en Twitter, pese a su encierro.
En dicha red social, Castillo todavía se presenta como presidente de la República del período 2021 -2026, así como profesor, rondero y dirigente sindical.
A Castillo también se le abrió un proceso disciplinario por brindar una entrevista a un medio español. La institución recordó que el exmandatario se encuentra en Barbadillo bajo el régimen penitenciario cerrado ordinario y “tiene derecho a recibir la visita personal, a comunicarse con sus familiares y amigos en forma oral o escrita de acuerdo con el horario y medidas de seguridad establecidas por el Consejo Técnico Penitenciario del penal”.
El INPE detalló también que Castillo recibe un máximo de cinco visitas al día. Asimismo, indicó que las visitas solo se pueden “restringir por orden judicial de incomunicación”.
Según el Código de Ejecución Penal, artículo 28, inciso 3, Castillo habría incurrido en una falta penitenciaria grave al interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad de Barbadillo.
A inicios de abril, “Cuarto Poder” difundió imágenes del expresidente en su celda y patio en el penal Barbadillo. Según el dominical, las imágenes fueron captadas en la segunda semana de diciembre del 2022 -a pocos días de ser trasladado después del golpe de Estado que perpetró el 7 de ese mes- y abril de este año.
El exmandatario fue captado dando instrucciones a trabajadores designados por el penal para ayudarle a tener un huerto más acogedor. Lee libros de derecho, procura prepararse sus alimentos, pretende sacar algo de su cosecha de papa, camote y maíz. Detrás del lugar de reclusión de Castillo Terrones está la celda de Alberto Fujimori.
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En julio de 2017, el Poder Judicial aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, presentado por la fiscalía de lavado de activos.
El Ministerio Público los investiga por el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011. Se les imputa el presunto delito de lavado de activos.
Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, declaró a la fiscalía peruana que entregó US$3 millones al Partido Nacionalista destinados a financiar la campaña presidencial del entonces candidato Ollanta Humala. Según Barata, el pago fue a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula Da Silva.
También aseguró que le entregó un millón de dólares en efectivo a Nadine Heredia en el departamento de propiedad de la pareja ubicado en la avenida Armendáriz, en Miraflores.
Humala fue recluido en el penal de Barbadillo y su esposa en Santa Mónica. En abril de 2018, ambos fueron puestos en libertad por orden del Tribunal Constitucional.
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Alberto Fujimori fue el primer expresidente que albergó Barbadillo.
En noviembre de 2005, cinco años después de haber huido del país, Fujimori llegó a Chile, donde fue detenido. Dos años después el país vecino concedió la extradición. Es así como, el 22 de septiembre de 2007, el ex jefe de Estado aterrizó en la Base Aérea de Las Palmas (Surco) y fue trasladado al penal de la Diroes, donde permanece hasta el día de hoy.
A fines de ese año, se inició el juicio en contra del exmandatario por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por estos casos.
El expresidente fue declarado autor mediato de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. El primero fue el asesinato de 15 personas —entre ellas un niño de 8 años— en una reunión en Barrios Altos, en el centro de Lima, en noviembre de 1991. El segundo fue el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y um profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta en julio de 1992. Según el fallo, ninguna de las víctimas era terrorista. También declaró responsable a Fujimori del secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Ocho años más tarde, el 24 de diciembre de 2017, en vísperas de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto y la gracia presidencial. La decisión fue criticada.
Meses después, en octubre de 2018, el juez de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca anuló el indulto humanitario. Fujimori se internó en una clínica y evitó volver inmediatamente a prisión. En enero de 2019, Fujimori retornó a Barbadillo.
El Comercio dio a conocer en diciembre de 2019 que el recinto que ocupa Fujimori está dentro de un área de 800 metros cuadrados al interior de la sede de la Diroes. Cuenta con un dormitorio, tiene un piso y mide aproximadamente 15 metros cuadrados, mientras que la pequeña cocina está implementada con estantes. También cuenta con servicios higiénicos propios. Tiene otro pequeño espacio que funciona como comedor y sala de visitas de aproximadamente 20 metros cuadrados.
El exmandatario disponía, al menos hasta antes del indulto en el 2017, de tres ambientes equipados con una cama ortopédica regulable, un tanque de oxígeno, televisor, cocina y una biblioteca.
Fujimori, Castillo y Toledo son parte del reducido grupo de reclusos en penales que no sufren de hacinamiento.
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