Los Intocables de la Corrupción: obra de S/87,5 millones está bajo sospecha por declaración de delator

Una cuarta obra aparece en la lista de proyectos cuestionados por presuntas irregularidades en su adjudicación, según la declaración de un colaborador eficaz del Caso Los Intocables de la Corrupción, indagación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

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Hasta ahora se conocía sobre tres proyectos (Samegua, Tintay y Pampas, casos investigados por el Eficcop) en los que hubo pago de coimas, de acuerdo con diferentes delatores. Sin embargo, en su declaración del 30 de mayo pasado, el colaborador eficaz 08-2023 mencionó otra obra millonaria: “En el 2019, Luis Pasapera participa en la licitación del puente Salvador, en la cual él tiene conocimiento [de] que se benefició dolosamente a la empresa China Harbour y A&B Ingeniería Integral, de los hermanos Aguilar Quispe, habiendo denunciado Luis Pasapera este hecho al OCI [órgano de control interno] de Provías Descentralizado [PVD]”.

Se refiere a la construcción del puente vehicular Salvador, sobre el río Huallaga, en Aucayacu (Huánuco), valorizado en S/87′556.526.

El Comercio corroboró que el consorcio Puente Aucallaga, integrado por China Harbour Engineering Company y A&B Ingeniería Integral (actualmente inhabilitada), obtuvo la buena pro del proyecto. En este proceso participó Termirex S.A.C., empresa de Luis Pasapera, quien coordinó el pago de sobornos en los tres proyectos que el Eficcop investiga.

Termirex, según el CE 08-2023, cuestionó al consorcio ganador porque, entre otros aspectos, no tenía experiencia en obras similares.

El consorcio Puente Aucallaga ganó la licitación en octubre del 2019, durante la gestión de Carlos Revilla como jefe de PVD.

La semana pasada, en la audiencia de prisión preventiva contra Revilla, el fiscal José Quispe, del Eficcop, se refirió a la obra del puente Salvador: “El contrato 175-2019: ¿quiénes son miembros de ese comité de selección? El señor Yuri Ramos y el señor Juan José Enciso Torres […], nuestro colaborador eficaz con identidad develada, quien ya nos ha dicho que le daban 50.000 soles por cada proceso de selección del cual era parte”.

Quispe expuso ese punto porque, sostiene, la presunta red criminal habría actuado en distintas obras.

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El comité de selección del proyecto estuvo compuesto por Wilser Quispe, como presidente, y Yuri Ramos y Juan Enciso, como primer y segundo miembro titular. Los dos últimos eran cercanos a Revilla, según la fiscalía, y tenían cargos de confianza.

Como parte de su colaboración eficaz, Enciso entregó S/245.000 provenientes de presuntas coimas.

En su declaración del 7 de febrero, Enciso mencionó el sorteo electrónico que se realizaba cuando las empresas empataban: “[Mantenía] informado a Alcides Villafuerte sobre los ganadores, porque muchas veces quedaban empatados y, así, en una ocasión, me indicó: ‘Hagan el sorteo y no se preocupen’, dando a entender que ese sorteo estaba arreglado”.

China Harbour no había ganado antes ningún contrato con el Estado. Obtuvo su primera obra al asociarse con A&B Ingeniería Integral, cuyo accionista es Alexander Aguilar Quispe, hermano de Roberto Aguilar Quispe. En el 2022, este último fue señalado como miembro de la supuesta red criminal que operaba en el MTC en el gobierno de Pedro Castillo, según Karelim López, investigada por el Caso Puente Tarata. En ese entonces, la fiscalía citó a los hermanos como testigos. No se les abrió investigación, dijo Alexander Aguilar a este Diario.

En mayo, el testigo protegido 02-2023-Eficcop, del Caso Los Intocables de la Corrupción, declaró sobre los Aguilar Quispe: “Sobre Revilla, sé que ha trabajado con los hermanos Aguilar Quispe [...]. Esta relación viene desde finales del 2017. Se inició cuando la persona de Mario Arburú, quien era asesor del despacho del Ministerio de Transportes cuando Vizcarra era ministro, se contactó con los Aguilar Quispe y le dice a Vizcarra sobre el interés [de ellos] para ganar licitaciones en el MTC. Luego Vizcarra habla telefónicamente con Carlos Revilla Loayza y dice que los reciba, y que luego de la reunión les dé cuenta”.

Mario Arbulú Miranda fue asesor II del despacho ministerial del MTC, entre agosto del 2016 y abril del 2017, en la gestión de Vizcarra.

El empresario Alexander Aguilar afirmó que ningún funcionario intervino para que su consorcio ganara.

“Nos adjudicamos ese proyecto en consorcio con la empresa China Harbour por el beneficio de la ley de la Amazonía. Fuimos la única empresa que se adjudicó el proyecto que postuló con ese beneficio sin IGV, y lo ganamos por ofertar un menor precio. En ningún momento ningún funcionario ni personas externas se pusieron en contacto con nosotros para poder adjudicarnos este proyecto”, indicó a El Comercio.

Agregó que el proyecto culminó hace tres meses.

Aunque no recuerda cómo se dio el acercamiento con la compañía china, señaló que fue “netamente una estrategia de la empresa”. Negó que la firma con la que se asoció haya tenido algún vínculo con funcionarios.

Sobre los presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, dijo: “No se ha comprobado nada y siguen tratando de involucrarme con algo que no existe”.

Mario Arbulú, involucrado por el testigo 02-2023, señaló: “Nunca he hablado con esos señores Aguilar […]. Puede ser que por ahí me crucé con un señor y se llama Aguilar, no lo sé. Me he cruzado con mil personas, pero que yo haya intervenido para ayudar con el señor Vizcarra a que empresas chinas con el señor Aguilar hagan el negocio jamás. Eso es una falsedad, es una difamación tremenda”.

Arbulú remarcó que cuando fue funcionario del MTC, Carlos Revilla no tenía ningún cargo en el sector.

No fue posible entrevistar al representante de China Harbour porque está fuera del país, de acuerdo con la empresa.