El Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó derogar la ley de crimen organizado, aprobada por el Congreso. (Foto: GEC)
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó derogar la ley de crimen organizado, aprobada por el Congreso. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió la derogatoria de la Ley 32108, ley del crimen organizado, aprobada por el Congreso de la República por considerar que “ha permitido la proliferación de organizaciones criminales”.

A través de un comunicado, señaló que dicha norma “modifica de manera errónea” la definición de “crimen organizado”, por lo que junto a diversos gremios empresariales, sindicales y profesionales, exige su “inmediata” derogación.

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Asimismo, consideró que los términos introducidos para modificar determinados delitos, como “terrorismo de baja intensidad”, “criminalidad sistemática” o “criminalidad masiva” no solo son “innecesarios”, sino que podrían “favorecer” a organizaciones delictivas debido a una “tipificación incorrecta”.

Refirió que la legislación vigente ya contempla estos delitos con penas claramente definidas y severas, por lo que –desde su punto de vista- insistir en esta ley es “redundante y perjudicial”.

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De otro lado, el CAL advirtió tanto al Ejecutivo como al Congreso que las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el llamado “terrorismo de imagen” no se alinean con los principios legales ni constitucionales.

“Intentar legislar sobre esta materia representa una seria amenaza directa contra la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú”, enfatizó.

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Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima instó a las autoridades a tomar decisiones que contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana sin comprometer los derechos y libertades fundamentales que permiten vivir en una sociedad democrática.

Como se recuerda, días atrás la Junta de Portavoces del Congreso rechazó por mayoría debatir la derogación la Ley N°32108, que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.

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El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), propuso que se evaluara y debatiera la derogatoria de la cuestionada norma. Sin embargo, solo tres de las 13 bancadas se mostraron a favor.

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