El 85% percibe ineficaz la respuesta del Estado frente a la minería ilegal

Para una amplia mayoría de peruanos (85%), la respuesta del Estado frente a la minería ilegal resulta poco o nada efectiva, mientras que apenas una décima parte cree en la estrategia que se sigue para combatirla, según una encuesta de Datum Internacional para El Comercio. En símil, el grueso de la ciudadanía (73%) considera que el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte es demasiado blando al enfrentar esta problemática.

El estudio —efectuado a escala nacional del 8 al 12 de agosto— evidencia la magnitud del desafío que se enfrenta: más de ocho de cada diez (81%) perciben claramente que la minería ilegal es un problema bastante o muy grave para el país. En contraste, un 13% lo minimiza e, incluso, un 4% asegura que “no es un problema”.

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La delincuencia, el crimen organizado y violencia (44%), junto con la contaminación ambiental (41%), son identificados como los principales problemas que acarrea la minería ilegal. Pero a ello se suma —en tercer lugar— la corrupción a nivel político y de autoridades (24%).

Este último aspecto amerita igual atención, pues hay una percepción mayoritaria de que la minería ilegal ha penetrado el Congreso (para un 56%, la mayoría de congresistas “son controlados” por ella). Y, además, es significativa la opinión de que esta financiará a los partidos en las próximas elecciones (83%). Y con mucho dinero.

Análisis…

Una amenaza directa, por Urpi Torrado

La minería ilegal se ha convertido en un tema central para la opinión pública peruana. Según la última encuesta de Datum-El Comercio, la mitad de los ciudadanos manifiesta interés en informarse sobre este problema, mostrando un nivel de atención superior al que despierta la política. Esta diferencia no es menor, revela que, para los peruanos, la minería ilegal se percibe como una amenaza directa y de gran impacto para el país.

El consenso sobre la gravedad del problema se mantiene independientemente de cómo se formule la pregunta. Ya sea al indagar sobre los daños que ocasiona, su impacto en la economía o su vínculo con otros delitos, la percepción converge: la minería ilegal está asociada principalmente con el crimen organizado, la contaminación ambiental y la corrupción política. Asimismo, aunque en diferente grado, ocho de cada diez peruanos creen que este fenómeno ha penetrado el Congreso. En esa misma línea, la mayoría considera que la minería ilegal financia a los partidos políticos, lo que podría tener repercusiones en las próximas elecciones.

Sin embargo, la percepción sobre quién debe liderar la lucha contra la minería ilegal varía según la región. En el Sur, casi dos tercios señalan al gobierno central como principal responsable. En cambio, en el Norte, la mitad de los encuestados considera que esta tarea debería recaer en las Fuerzas Armadas, reflejando una demanda por medidas más drásticas y de carácter coercitivo ante la sensación de que las acciones del gobierno no están dando resultados. En consecuencia, no sorprende que mientras en varias regiones se perciba que el Estado ha sido blando frente al problema, en el Sur el 29% opine que la respuesta ha sido dura o incluso excesiva. En Lima, por contraste, solo el 11% comparte esa visión.

Una posible explicación a estas diferencias radica en que el 15% de los peruanos considera que la minería ilegal beneficia a los negocios y emprendimientos, así como a la economía familiar. Esta percepción, más presente en algunas regiones que en otras, sugiere que existen sectores de la población dispuestos a mostrarse más permisivos, pues experimentan directamente ciertos beneficios, aun cuando reconocen el enorme daño que esta actividad genera para el país en su conjunto.

*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional

Para Iván Arenas, consultor en temas de minería, la encuesta revela que una mayoría de la ciudadanía tiene la siguiente percepción: “somos un país tomado –de un extremo al otro- por la minería ilegal. No hay objeciones a los resultados”. También que ve “condescendencia” del Estado, y sobre todo del gobierno, frente a esta.

“Nos dice que la respuesta del Estado en su conjunto al fenómeno ilegal e informal ha sido poco o nada efectivo. Es cierto. En algunas zonas y, en ocasiones, el Estado colabora de manera directa con la ilegalidad y la criminalidad. La corrupción nuestra de cada día”, indicó.

“Pero nadie se salva. También se percibe una penetración de las economías ilegales en el actual Congreso. Para nadie es un secreto que hay un brazo largo y ancho de la minería informal, con parlamentarios que hacen las veces de promotores de propuestas. El riesgo es que mañana o más tarde las economías ilegales tengan su propia bancada multipartidaria, sin distinguir signo ni color ideológico”, subrayó Arenas.

En tanto, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, señaló que no hay una respuesta eficiente de parte del Estado frente a la minería ilegal. “Y no la hay —remarcó— porque ni siquiera hay una prioridad de atención al tema”.

Mencionó lo que se vive en Yuyapichis (Puerto Inca), donde maquinaria pesada opera sobre el río, destruyéndolo sin control. Una situación que no es aislada, sino que se replica en otras regiones como Madre de Dios y Amazonas.

Recordó que, en los últimos tiempos, congresistas —incluso integrantes de la Comisión de Energía y Minas— “parecían más bien ser voceros de los mineros informales que parlamentarios”. “Y, obviamente, en un contexto ya casi electoral, es más evidente la cercanía de los mineros informales a distintas bancadas”, incidió.