El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se reunió la tarde del lunes con el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, a fin de expresarle las preocupaciones sobre los continuos ataques en contra de la libertad de prensa y libertad de expresión.
El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, informó a El Comercio que presentaron un informe donde se registran diversos hechos ocurrido en los últimos meses con un “resultado catastrófico y monstruoso de intentonas del Estado por regular la libertad de la prensa y el trabajo periodístico”.
Junto a ello, indicó, la Asociación Nacional de Periodistas también presentó informes vinculados a estos temas.
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Entre los hechos figuran las agresiones a los periodistas durante las protestas en los últimos meses, las propuestas legislativas en contra de la libertad de prensa; y, en paralelo, le hicieron notar el problema que atraviesa la libertad de expresión; como la afectación de la independencia y autonomía del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
“Él (Josué Gutiérrez) no mencionó nada al respecto; sin embargo, nuestra posición fue muy clara. Que el canal del Estado debe ser autónomo e independiente del Poder Ejecutivo; y que el nombramiento de Ninoska Chandia para nosotros, es contraproducente a esos fines”, indicó Salazar Zimmermann.
También cuestionaron la exigencia de la fiscalía hacia periodistas (de “El Foco” y “Hildebrandt en sus 13″) para revelar fuentes anónimas; así como la admisión y tramitación de querellas en el Poder Judicial por difamación (Caso Daniel Yovera).
“El caso debería ser terminado esta semana y si fuera condenado sería un precedente muy preocupante respecto al delito continuado de difamación, algo que no existe en nuestros referentes”, anotó.
El director ejecutivo del CPP señaló que, en principio, fue “positivo” que hayan sido recibidos, como Consejo de la Prensa Peruana y Asociación Nacional de Periodistas, en tanto son los interlocutores válidos de medios de comunicación a nivel nacional. No obstante, advirtió que aún no podrían decir que la línea de la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, será de defensa a la libertad de prensa y de expresión.
“Sin embargo, no podemos decir, todavía, que a futuro la defensoría vaya a ser un ente defensor de la libertad de expresión. Si bien el defensor dijo que él sí estaba dispuesto a defender la libertad de expresión, la libertad de prensa; nosotros tenemos que esperar para ver acciones claras”, aseguró.
En ese sentido, agregó, le comentaron a Gutiérrez Cóndor que una acción clara sería, por ejemplo, que la defensoría manifestara su posición sobre la “Ley Mordaza” que está en la agenda del pleno del Congreso. O, que se manifestara sobre el caso del periodista Daniel Yovera y entre otras acciones.
“Por ahora, lo que nos queda es estar vigilantes, porque ya la Defensoría del Pueblo, anteriormente ha tenido una línea muy establecida sobre la libertad de expresión. Lo ha manifestado así en comunicados y pronunciamientos; y esperaríamos que la Defensoría continúe con ese ritmo ahora”, agregó Salazar.
Finalmente, explicó que, “una preocupación grande” del actual Defensor eran las actuaciones de “algunos periodistas” de medios de comunicación “que dicen lo que les da la gana sin ningún tipo de responsabilidad que se pueda aplicar sobre ellos”.
Ante ello, señaló el vocero del CPP, se le explicó que hay un Tribunal de Ética donde se pueden tramitar asuntos éticos; por lo que la defensa de la libertad de expresión es la defensa de un derecho y las iniciativas legales o ataques contra periodistas, no deberían ser una forma de reprimir el trabajo periodístico.
Salazar indicó que Gutiérrez les indicó que “estaba a favor” de despenalizar los delitos contra el honor, es decir que pasen del fuero penal al fuero civil y que los periodistas no tengan que ir presos.
“Allí le hemos presentado un anteproyecto de Ley que ha trabajado el Consejo de la Prensa Peruana junto a la Universidad del Pacífico para despenalizar los delitos contra el honor. Él dijo que incluso podría elaborar o producir un documento, un proyecto de Ley al respecto”, concluyó.
Este Diario también solicitó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, desde donde indicaron que al concluir la reunión “el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por las sanciones que pesan sobre el ejercicio del periodismo”.
El informe
El CPP presentó 12 casos registrados entre abril y junio de este año en los que los periodistas fueron amenazados, amedrentados y denunciados penalmente por cumplir con su labor informativa, o donde la libertad de prensa podría verse afectada por acciones o decisiones de altos funcionarios públicos.
A través de un informe, presentado a la Defensoría del Pueblo, la asociación civil ha clasificado “Agresiones del Poder Ejecutivo”, “Agresiones del Poder Judicial” y “Acciones judiciales y agresiones contra periodistas”.
En el primero de los casos, el CPP ha llamado la atención por la designación de Ninoska Chandia como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) por parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte.
“A pesar de que inmediatamente antes había dirigido el departamento de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República, con Boluarte ya como presidenta”, señalan en el documento institucional.
Recordaron también que, anteriormente, Chandia trabajó en dos áreas de comunicación e imagen del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Boluarte lideraba esa cartera.
Advirtieron que días antes de dicha designación, Jesús Solari, expresidente del IRTP, había renunciado por carta, a la par de otros tres miembros del directorio, exigiendo que la institución no sea “una ventana política” y que se garantice la “independencia editorial”.
Sobre los peligros en el flanco del Legislativo, el CPP advirtió los proyectos de ley que tienen en manos los representante del Congreso como la denominada “Ley Mordaza” presentada por el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre) que busca incrementar a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva.
“Luego de haber sido llevado el proyecto de ley a dos sesiones del Pleno del Congreso, las votaciones nunca se llevaron a cabo debido a que varias bancadas fueron retirando su apoyo. La iniciativa está suspendida en el Congreso y puede ser votada en cualquier momento”, indicaron en el informe.
El CPP también recuerda las agresiones de Montalvo hacia periodistas de la región Amazonas, a quienes insultó llamándolos “chantajistas y mermeleros”. Además de empujarlos y golpear la cámara de uno de ellos.
También anotaron el proyecto de ley presentado por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regule que los medios de comunicación puedan “garantizar el acceso y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales nacionales”. Y el proyecto de ley que obligaría a los que ejerzan el periodismo -pero que tengan otra profesión- informen a sus audiencias sobre su verdadera profesión; y cuya autoría es del congresista del partido Renovación Popular, Miguel Ángel Ciccia.
Más agresiones y acciones judiciales
El Consejo de la Prensa Peruana también puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo las agresiones verbales y falta de respeto -con alusiones sexuales- de parte del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, contra periodistas mujeres que le preguntaban sobre el estado de las calles de dicha ciudad.
También incluyeron el ataque que ha sufrido el local del medio digital IDL-Reporteros por parte del autodenominado grupo “La Resistencia” ante la “inacción” de la Policía y la Fiscalía. Incluso, recordaron, el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, se reunió con integrantes de una organización relacionada con “La resistencia”.
“En su primera reunión como nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se reunió –días antes del ataque– con líderes del grupo fascista Los Combatientes, relacionado a La Resistencia. Estos grupos tienen relación con los partidos Renovación Popular y Fuerza Popular, actualmente en el Congreso”, precisaron.
También se registraron casos de periodistas querellados por un fiscal superior Juan Machicao en Moquegua, los periodistas de Telesur y Radio América en Moquegua por informar sobre el transporte informal, la demanda del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera contra periodistas de “Exitosa” en Arequipa y la demanda contra una periodista del medio digital “Reporte 6″ de Huaraz por parte del juez Miguel Ángel Dueñas Arce y su esposa, Milagros del Pilar Solís.
