Fiscal de la Nación denuncia a Pedro Castillo ante el Congreso

Unidad de Investigación

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso. El documento de 375 páginas fue alcanzado ayer por la tarde a la mesa de partes del Parlamento.

A Castillo se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión. La denuncia también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).

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La supuesta red criminal liderada por el mandatario operó, de acuerdo con la fiscalía, en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro-Perú.

En el primer caso, la red encabezada por el jefe del Estado se encargó de copar puestos para facilitar el direccionamiento de contrataciones. Para el Ministerio Público, un indicio de ello es la publicación del Decreto de Urgencia 102-2021, norma que facilitó el financiamiento de obras en diferentes regiones que terminaron favoreciendo al grupo de asesores en la sombra del actual gobierno.

Respecto al MTC, la fiscalía sostiene que se incurrió en el delito de tráfico de influencias agravado. La figura es similar. Según la tesis fiscal, se designó a personal cercano a esta organización a fin de dirigir las licitaciones de Provías Descentralizado —órgano del MTC— como ocurrió en el Caso Puente Tarata, obra valorizada en S/232,5 millones adjudicada de forma irregular. El contrato fue anulado tras las revelaciones de El Comercio.

“En mayoría, otorgaron la buena pro al consorcio Puente Tarata III, aún cuando no cumplía con el requisito experiencia del postor en la especialidad exigido en las bases”, se menciona en la denuncia constitucional.

A cambio de dirigir irregularmente los proyectos, hubo beneficios económicos, según lo establece la fiscalía. Por esa razón, el 4 de noviembre del 2021, el prófugo exministro Juan Silva recibió S/100 mil del lobbista Zamir Villaverde, como muestra de las negociaciones ilícitas.

Sobre el Caso Petro-Perú, la presunta organización criminal se enquistó en esta compañía a través de Hugo Chávez Arévalo, designado gerente general de la compañía estatal a pedido del empresario Fermín Silva, amigo del presidente Castillo.

Según el Ministerio Público, el nombramiento se dio para direccionar contrataciones y favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo representante es Samir Abudayeh, una de las personas que acudió a la reunión en Palacio de Gobierno con el jefe del Estado, el gerente general de Petro-Perú Hugo Chávez y la colaboradora eficaz Karelim López, entre el 15 y 18 de octubre del año pasado.

La referida empresa ganó una licitación en el 2021 para la adquisición de biodiésel por US$74 millones. En retribución, el presidente recibió un supuesto beneficio económico, de acuerdo con la fiscalía.

El Ministerio Público también apunta que, tras la designación de Hugo Chávez, el mandatario recibió un sobre con S/30 mil de parte de su amigo chotano Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, a través del entonces secretario general Bruno Pacheco. Este último, recibió S/15 mil por esa gestión.

—Los brazos de la red—

La fiscalía ha identificado que la supuesta red criminal cuenta con siete brazos en la estructura piramidal denominados: ‘Gabinete en la sombra’ o ‘Buró político’, brazo congresal, brazo familiar, brazo lobbista, brazo Secretaría General (coordinación), brazo ministerial y altos funcionarios, y brazo obstruccionista.

El ‘Gabinete en la sombra’ estaba integrado por personas que habían financiado la campaña electoral de Pedro Castillo y quienes, luego de que jurara al poder, participaron directa o indirectamente en el nombramiento de ministros y altos funcionarios y en el acto de dirigir irregularmente las obras.

En la designación del Ministerio de Vivienda habrían intervenido los amigos del presidente, entre ellos Abel Cabrera, José Nenil Medina Guerrero (alcalde de Anguía) y Alejandro Sánchez Sánchez.

—Postura fiscal—

En un pronunciamiento, la magistrada Benavides se refirió a la denuncia: “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con el fin de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

Además, enfatizó que los fiscales no son actores políticos, sino operadores de justicia. “Investigamos a partir de los hechos y no de las personas”, manifestó.

Obstrucción

• Según la fiscalía, parte de la red criminal es el brazo obstruccionista. Una de sus acciones fue confirmada por el colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP quien dijo que se “quemaron cuadernos de ocurrencias y desaparecieron celulares de los edecanes del presidente Castillo”.
• De acuerdo con la versión, el hecho ocurrió en diciembre del 2021, cuando se tenía previsto el allanamiento a Palacio de Gobierno por el Caso Petro-Perú. La acción fue realizada por el entonces subsecretario general Beder Camacho por orden del mandatario