—¿Diría que estos son los momentos más putrefactos del Ministerio Público?
No se puede decir si es putrefacto, pero sí es un momento difícil. Yo sigo siendo parte de la familia del Ministerio Público porque soy cesante de la institución, y me duele mucho y me preocupa lo que está pasando. No sé por qué no se detienen a mirarse a sí mismos para corregir y volver por las sendas del camino de la confianza, de la lealtad institucional y del respeto.
—Siempre hemos sabido que hay guerras en el interior de la fiscalía, incluso cuando usted fue fiscal de la Nación, pero nunca lo que vemos ahora...
Se ha producido una deformación profesional, se ha confundido el rol del fiscal con el rol del político. O no quieren hacer la diferencia o solo buscan poder sin saber que el poder lo único que da son responsabilidades y obligaciones. Si piensan que el poder solo dará atribuciones para hacer o deshacer lo que uno quiere, se equivocan, porque ya eso se llama poderío y es una cosa negativa.
—Mire usted a los fiscales de lavado o del Eficcop, se han convertido en verdaderos actores políticos…
Alguna vez conversamos cuando recién se daban las cosas, cuando los fiscales salían a la calle a desafiar la autoridad del fiscal de la Nación. En ese momento te dije que se estaba produciendo una crisis, una deformación profesional y si no se corregía podía llevar a la institución a situaciones muy complicadas. No se corrigió y al perderse el principio de autoridad se debilitó a la institución y eso estamos presenciando. Sería importante que se sienten a reflexionar quienes están en la Junta de Fiscales Supremos, que lo hagan de una manera seria, sin odios y sin amores. Yo solía decir que no haya hígado ni corazón, solo cabeza, solo razón, para tomar decisiones fuertes. Algo se tiene que hacer.
—¿Cree que hoy los fiscales supremos y superiores pueden hacer una reorganización?
Me parece que el nivel competencial de los fiscales de la Junta Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos no tienen el nivel deseado para el cargo.
—¿Que se vayan todos?
Creo que se debe hacer una evaluación de desempeño, revaluar las competencias de cada cual y tomar las decisiones que se tienen que hacer. Eso tendría que hacerlo la Junta Nacional de Justicia, pero no vemos que tenga la voluntad. Lo que ha quedado demostrado, a través del tiempo, es que no funciona este modelo de selección de magistrados. Por eso, yo proponía que se cree una escuela de la magistratura. Para mí, esa es la solución en este momento, porque nombrar a otra junta es volver a empezar, nuevos criterios en una entrevista, un examen, un currículo, y ya vemos ahora cómo se han fabricado los pergaminos.
—La anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal Marita Barreto tienen algo en común: sus tesis tienen alas, han desaparecido.
Hoy se fabrica todo para llegar. Una persona que hace estas cosas no tiene valores y, por lo mismo, ¡no puede administrar justicia, caramba! Por eso, hay que reaccionar y buscar soluciones para el futuro. Hay que recuperar el equilibrio, la altura. La mala formación tiene efectos vitales en una institución que tiene que ver con la justicia, porque tú miras libertad, propiedad, miras derechos de las personas, y tú en quién reposas o depositas la confianza para la solución de tus problemas.
—¿Y cómo hacemos ahora para creer en la justicia cuando un operador judicial como Andrés Hurtado tiene denuncias que implican tarifas para jueces y fiscales?
Hemos perdido muchos valores y entre ellos el respeto hacia sí mismos. Si tú no te respetas, cualquier cosa puede suceder. Entonces, y volvemos al mismo tema, ¿quién seleccionó a estos magistrados como los profesionales aptos para ocupar un cargo dentro de la justicia? Fue la Junta Nacional de Justicia. ¿Dónde está Control Interno? Miren lo que pasa con Control Interno, por lo menos en el Ministerio Público. Control Interno abre investigación a determinados magistrados. El fiscal de la Nación le abre investigación al órgano de control. ¿Qué significa eso?
—Que se metieron con sus amigos...
¿Cuál es el mensaje? Que no te puedes meter con los amigos.
—El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ¿tiene mucho que ver en esta crisis? No ha levantado la voz.
Es el fiscal de la Nación, pero no levanta la voz. Es el que gestiona la institución, es el responsable de dirigirla. La junta de fiscales es el órgano máximo de gobierno, pero quien dirige la institución es el fiscal de la Nación. ¿Por qué no pone los lineamientos?
—Pero si el propio fiscal supremo Pablo Sánchez, quien además ha sido fiscal de la Nación como usted, lo llama “el interino”. ¿De qué autoridad hablamos?
De acuerdo a la ley, cuando el fiscal titular se ausenta por más de 60 días hay que nombrar y el deber es ir a elecciones. No sé por qué no hemos ido a elecciones. Este interinato está prolongándose por mucho tiempo. El mensaje es que estoy aquí en tanto espero a quien quiero nombrar, y responsables son todos fiscales supremos de la junta. Y, mientras tanto, ¿nosotros qué? La autoridad se debilita porque, como tú has dicho, el otro colega lo llama “interino”.
—Y mientras tanto, en un sector tan sensible como lavado de activos, una fiscal amiga de Chibolín es sindicada de haber recibido un millón de dólares para arreglar un decomiso.
Mira, la situación en el Ministerio Público es delicada y demanda que las autoridades hagan un autoanálisis, un examen de conciencia y miren lo que está pasando o lo que están permitiendo que pase. Que se den cuenta que a los ojos del mundo carecen de autoridad. Llamo a la reflexión y digo: por favor, ya es hora de que miren hacia adentro y que se pongan a trabajar para revertir esta situación que está generando una incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. He escuchado decir a personas serias que nadie está libre. “Yo no sé si mañana se les ocurre abrirme investigación y meterme preso”, eso dicen.
—En una de las carpetas de los hermanos Siucho está escrito que Chibolín comentaba que en este país se puede abrir y cerrar carpetas por lavado de activos a cualquiera.
Eso para mí es triste, doloroso; para el país en conjunto es indignante.
—El abogado Arsenio Oré se queja amargamente. Habla de una pesadilla donde el odio y la ideología puede meter a una persona en expedientes sin pruebas y en juicios sin sentido ante la vista y política paciencia de todos. Ricardo Briceño, el ex de la Confiep, me ha dicho que no puede creer ni entender como está en un proceso sin ninguna prueba.
Oviedo ha estado preso en Lambayeque 17 meses y le terminan diciendo que es inocente. Y los delincuentes a quienes detienen en flagrancia son dados en libertad, dizque porque los jueces van a aplicar una ley de deshacinamiento carcelario. ¿Qué tiene que ver el fiscal con la decisión jurisdiccional? Que cumpla su función. Eso es una excusa que no tiene base, que no tiene sustento. Pero esa excusa la avala la institución. En el Ministerio Público se han puesto anteojeras para no ver los problemas internos. Eso es lo malo y eso es lo que hay que revertir. O lo hacen o habrá que hacerlo. No puede continuar una situación de esta naturaleza.
—Jaime Villanueva ha contado cómo los operadores de justicia tenían direccionamiento de otros actores; en este caso, periodistas poderosos que incluso manejan una ONG, como Gustavo Gorriti, en casos emblemáticos como el caso de los cocteles de Keiko Fujimori y el caso de Alan García.
Parecen persecuciones, ¿no? Persecución política con direccionamiento hacia determinadas personas en busca de notoriedad. ¿Pero esa notoriedad que te dará portadas y presencia en la encuesta de poder al final qué cosa trae? Desprestigio y responsabilidades que la ley establece. Consecuencias que no se imaginan.
—¿Trae la cárcel?
Yo no sé hasta dónde puedan demostrarse con estas carpetas que hubo intenciones y utilización del cargo para dañar. No lo sé. Pero si así fuera, como lo dicen algunos, las consecuencias son muy graves. Inclusive, mire usted, a nivel de fiscalía se está investigando a toda una comisión parlamentaria, a todos los miembros de una comisión porque han votado a favor de una ley, porque dicen que cuatro de sus miembros tenían interés en ella. Los votos de los congresistas son un estatuto personal inviolable. ¿Y entonces qué es todo esto? Abuso de poder. Esa es la utilización del cargo para someter al poder político. Eso está ocurriendo en estos momentos.
Además…
“De ninguna manera habría permitido la creación del Eficcop”
—¿Cree usted que la presidenta Boluarte se vengó del Ministerio Público al retirar a la Diviac del grupo Eficcop que investigaba a su hermano Nicanor Boluarte y a su abogado Mateo Castañeda?
Yo no sé qué juegos hay a la interna. Cuando te excedes en algo, comienzan las idas y las venidas. Si comienzas por ponerle un nombre a una comisión, el grupo de trabajo investigador de la corrupción del poder, te preguntas: ¿qué cosa es el poder? ¿Quiénes son el poder? ¿Me dedico exclusivamente a investigar políticos, a investigar gente que tiene una cuota de responsabilidades dentro de todo el quehacer del país? ¿Investigo a los miembros de la JNJ? ¿Se investigan entre ellos porque también son parte del poder?
—¿Si usted hubiera sido fiscal de la Nación habría permitido la creación del Eficcop?
De ninguna manera habría permitido la creación del Eficcop.
—¿Por qué?
Porque el fiscal investiga cuando tiene una noticia criminal; porque hay una ley especial para seguir los procedimientos contra políticos, pero no la están aplicando. ¿Qué dice esa ley? Que el fiscal de la Nación puede investigar con la finalidad de acopiar datos indiciarios de la comisión de cualquier hecho cometido en el ejercicio de la función o de algún delito común.
—¿Pero gracias al trabajo de Eficcop no cayó Pedro Castillo?
Y guardaron todo sobre su corrupción por 60 días, ¿verdad? Como en el Caso Cocteles, que primero parten indagando los aportes a las campañas electorales, que no era delito en el 2011 ni en el 2016. Entonces, ¿si un comportamiento no es delito, cómo abro una investigación penal? Salieron a pescar. ¿Y esa pesca cuántos años más va a durar?
—Todo se resuelve con colaboraciones eficaces: quedan detenidos 10 días y salen. No sabemos si hubo tarifa o no de por medio.
Las colaboraciones eficaces con detenciones preliminares se prestan a la coacción, a utilizar la presión, el miedo, el terror, no sé cuáles son los medios técnicos que se usan para doblegar la voluntad de las personas. Pareciera que hoy la investigación se basa solamente en eso, y lo que yo conozco, desde la teoría hasta la práctica, es que la testimonial no es una prueba calificada si no se corrobora.
—¿La presidenta tiene garantía de un debido proceso?
Mire, las investigaciones que le hagan a la presidenta son iniciales, indagatorias. La presidenta tiene la garantía de que su caso llegará al Congreso y tendrá el tamiz de una subcomisión, de la Comisión Permanente y luego del pleno; luego pasará a un juez supremo. La presidenta pueda hacer uso de todos los medios que la ley le faculta como cualquier ciudadano. El tema es que se tiene que recuperar la majestad de la institución que persigue la noticia criminal. Lamentablemente, los fiscales no son recusables.
