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La Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazaron el informe sobre las protestas de diciembre del 2022 a marzo del 2023 emitido por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como de los mensajes publicados por la relatora donde cuestiona al Gobierno por no acatar sus recomendaciones.
“El Gobierno peruano expresa su rechazo y desacuerdo con los contenidos señalados en dicha publicación, ya que no reflejan los avances informados en las reuniones sostenidas y documentos remitidos oportunamente a dicha relatoría”, indicaron este viernes.
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Específicamente, el Ejecutivo cuestiona las publicaciones de la relatora especial de la ONU Gina Romero, quien dijo en X (antes Twitter) que Perú no había adoptado las recomendaciones del informe emitido tras una visita realizada al país en mayo, incluyendo un pedido de disculpas públicas por los hechos ocurridos durante las manifestaciones.
“Perú necesita avanzar en reformas legales y prácticas que permitan que el país esté alineado con los estándares internacionales en relación a la asamblea pacífica, y respeten a las personas que salen a ejercer su derecho legítimo a la protesta”, manifestó Romero el 30 de julio.
El Gobierno, en el comunicado conjunto de los dos ministerios, asegura que ha promovido el diálogo a través de la aprobación de lineamientos y la conformación de un equipo de trabajo para diseñar y formular una propuesta de Política Nacional de prevención gestión de conflictos sociales.
Asimismo, recordaron que la presidenta Dina Boluarte pidió perdón a nombre del Estado en su mensaje a la Nación el 28 de julio del 2023 “a los familiares de todos los fallecidos, civiles, policiales y militares”.
“Es pertinente recordar conforme lo expresado por la Misión Permanente de Perú en Ginebra, en el marco del diálogo interactivo realizado en el 56 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (del 18 de junio al 12 de julio de 2024), que el informe de la Relatoría ha incluido aseveraciones fuera de contexto y alejadas de la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país”, asegura el Ejecutivo.
En el informe emitido el 20 de mayo cuestionado por el Gobierno, el entonces relator especial expresó su alarma por el “presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas de diciembre de 2022, en relación con el número desproporcionado de muertos y heridos, sobre todo entre las comunidades indígenas y rurales”.
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El documento concluye que las autoridades del Perú deben entablar consultas amplias y genuinas con estas comunidades para abordar las causas de las protestas y realizar reformas que restablezcan la confianza en las instituciones, especialmente entre estas comunidades.
También que se modifiquen las reformas jurídicas recientes que afectan el derecho a la reunión pacífica y de asociación, así como evitar la estigmatización y criminalización de las protestas sociales.
“Poner fin a todas las formas de investigaciones penales presuntamente arbitrarias iniciadas contra civiles en el contexto de protestas sociales; velar por que la prisión preventiva cumpla los requisitos de proporcionalidad y excepcionalidad, así como de no discriminación; y asegurar el cumplimiento de las normas internacionales cuando se investigue a personas pertenecientes a Pueblos Indígenas, especialmente en lo que se refiere a garantizar los derechos a la interpretación y al acceso a medidas alternativas a la privación de libertad”, concluye el documento.
