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La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público pidió al Tribunal Constitucional (TC) que rechace la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la ley de extinción de dominio, al advertir que de prosperar este recurso se retrocedería en la lucha contra el crimen organizado.
En su pronunciamiento publicado tras una sesión extraordinaria este 1 de agosto, los fiscales supremos rechazaron el recurso planteado por Gutiérrez contra la citada norma y advierte que sería contraria a convenciones internacionales como la de Viena, Palermo y Mérida que versan sobre tráfico ilícito de drogas, crimen organizado y corrupción de funcionarios.
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“De prosperar la demanda presentada por el defensor del Pueblo, sería un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad en todas sus formas y en los esfuerzos desplegados por el Estado para terminar con el elevado nivel de informalidad económica que existe en nuestro país”, advierten.
Josué Gutiérrez, quien fue antes de su elección como defensor del Pueblo abogado del prófugo Vladimir Cerrón, diversos artículos del Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.
“La Constitución protege el derecho de propiedad siempre que su adquisición sea mediante un justo título, pero nunca de manera ilícita o no acreditada. Tampoco el derecho ampara la posesión o propiedad de bienes cuya procedencia no se encuentra debidamente justificada, conforme a las normas vigentes”, señalan los fiscales supremos.
En esa línea, advierten que la extinción de dominio no es una confiscación o expropiación, sino una “restauración del orden jurídico” regulada en el DL 1373 donde se establecen consecuencias reales y patrimoniales sin vulnerar el principio de retroactividad.
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La junta de fiscales supremos incluso destaca que esta norma garantiza que cualquier afectación al derecho a la propiedad se realice en un proceso judicial con las garantías del debido proceso.
Por todo esto, exhortan al TC que declare infundada la demanda y aseguran que el Ministerio Público seguirá actuando respetando la Constitución, los convenios internacionales y las leyes “al servicio de la ciudadanía”.
