Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
Según el informe final, la fiscalía de la Nación acusa a Vizcarra por presuntamente haberse interesado indebidamente de manera directva en la designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado.
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Vizcarra emitió la Resolución Suprema 017-2020-JUS, del 1 de febrero de 2020 nombrando a Soria en el cargo pese a que dicho abogado no cumplía con los requisitos legales para el cargo, como la acreditación de trayectoria, según el informe final.
La Comisión Permanente aprobó el informe final por 15 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Ahora el pleno del Congreso tendrá la decisión final.
Sigue aquí el debate:
La sustentación del informe estuvo a cargo de Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La misma parlamentaria se encargará de sustentar la acusación ante el pleno del Congreso.
En la sesión se dio cuenta que Vizcarra fue debidamente notificado para ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, se precisó que el exmandatario no presentó ningún documento, por lo que su inasistencia fue calificada como “injustificada”.
El informe final fue presentado a la Comisión Permanente hace ocho meses, exactamente el 29 de enero tras ser aprobado -el 23 de enero- por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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La acusación también alcanza a Ana Teresa Revilla Vergara, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y nombramiento ilegal.
Sin embargo, Lady Camones precisó que en el caso de Revilla el plazo de antejuicio constitucional venció el febrero pasado, por lo que se informará de esa situación a la fiscalía.
¿Cuántas inhabilitaciones suma Martín Vizcarra?
El expresidente Martín Vizcarra suma tres inhabilitaciones para ejercer la función pública, dispuestas por el Congreso de la República.
Su tercera inhabililtación -por diez años- fue aprobada en junio del 2025 por la disolución del Parlamento, en el 2019.
En abril del 2021, Martín Vizcarra fue inhabilitado por 10 años por el “VacunaGate”.
En mayo del 2022, el expresidente fue inhabilitado por 5 años, por sus vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes.
