ONU pide al gobierno de Dina Boluarte información sobre uso de la fuerza en protestas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un pedido al Gobierno de Dina Boluarte para que responda en un plazo de 60 días las diversas alegaciones que han conocido sobre un presunto uso abusivo de la fuerza durante las protestas luego del golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

La comunicación a la que tuvo acceso El Comercio fue enviada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos el 24 de febrero con la firma de la jefa de la subdivisión de los procedimientos especiales, Beatriz Balbín.

La carta incluye una comunicación conjunta enviada por el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica, grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, entre otros representantes.

“Quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con el alegado uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzada, estigmatización y violación al debido proceso en contra de las personas manifestantes”, indica la comunicación.

Entre la información recibida, la ONU advierte que tienen datos sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de manifestantes, así como violaciones a los derechos humanos de personas indígenas.

También un incremento en la violencia de las manifestaciones y el allanamiento a la Universidad de San Marcos, así como intervenciones y detenciones sin presencia de fiscales o abogados, a lo que agregan también la agresión contra periodistas y el uso del “terruqueo” con acusaciones “abusivas” contra manifestantes.

Los relatores resaltan los enfrentamientos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre del 2022 con 6 fallecidos, en Ayacucho el 15 de diciembre con 10 civiles muertos, y los de Juliaca con 19 muertos el 9 de enero.

Con toda esta información, la ONU pide que el Gobierno de Dina Boluarte responda en un plazo de 60 días todas las alegaciones mencionadas, y que si han sucedido estos excesos que se haga lo posible por evitar que se repitan.

“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y la libertad de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, exhortan.