Operación Valkiria VI: el allanamiento y las nuevas revelaciones que comprometen a Patricia Benavides y a su entorno

La resolución del juez Raúl Justiniano, por la que se aprobó el allanamiento (realizado ayer) de los inmuebles de cuatro investigados por la presunta red criminal que encabezaría Patricia Benavides, da luces sobre cómo la suspendida fiscal de la Nación y su entorno habrían operado cuando ocupaba el cargo, incluido un intento por obstruir la indagación del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El documento judicial recoge los hechos que el Eficcop investiga y que corroboró de las declaraciones del colaborador eficaz 33-2023, como presuntos actos de encubrimiento de Benavides y sus ahora exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, implicados en la supuesta organización criminal.

De acuerdo con la indagación fiscal, el 26 de noviembre Benavides se comunicó con su entonces asesor principal Villanueva por el aplicativo Signal, “enviándole un mensaje para que se comunique urgente con ella, a lo cual Jaime Villanueva la llamó inmediatamente”.

Cuando conversaron, Benavides, a quien Villanueva tenía guardado en la agenda de su celular como ‘Vane’, le dijo que el Eficcop y el grupo de policías que lo apoyan ejecutarían un operativo policial donde el objetivo era él.

Se refería a la operación Valkiria V, la cual comenzó en la madrugada del lunes 27 de noviembre. En este operativo, Villanueva fue detenido y se allanaron su vivienda y las oficinas de la Fiscalía de la Nación, ubicadas en el piso 9 de la sede central del Ministerio Público.

Según la pesquisa, Benavides le ordenó a Villanueva que se internara en la clínica San Pablo. Asimismo, le dijo que “ya sabía lo que tenía que hacer, en el sentido de que tenía que desaparecer su teléfono celular, documentación y cualquier otra cosa que pueda involucrarlos ilícitamente”.

Benavides también le indicó que “cualquier cosa” debía coordinar con Girao.

Después, Villanueva llamó a Girao, a quien le adelantó que se internaría en la clínica San Pablo (donde luego fue detenido) “para que no esté [en su vivienda] durante la diligencia de allanamiento”. Por su parte, Girao le pidió que lo llamara “cuando esté en la clínica, precisándole que debía desaparecer su teléfono celular y cualquier documentación, esto claramente para que no los vinculen en los hechos presuntamente delictivos que había perpetrado de manera conjunta”.

De acuerdo con lo relatado en la resolución judicial, en la noche del domingo 26 de noviembre también intervino la abogada Claudia Ruiz Mesías, cuyo inmueble fue allanado ayer como parte de la operación Valkiria VI.

Ruiz, ahora investigada por el Eficcop, es esposa del fiscal Ricardo Dulanto Ysla, quien entonces laboraba en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación (FN).

Esa noche, Ruiz llamó al fiscal Guillermo Silva Loli, parte del Eficcop y su amigo de la universidad, a quien le avisó que su esposo iba a comunicarse con él. “¿Oye, sabes si [el] Eficcop va a golpear? Le van a caer a un asesor de la FN”, le dijo Dulanto a Silva en la llamada, en referencia a l caso de Villanueva.

Ante la insistencia por el tema, Silva le contestó a Dulanto que era posible que fuera “el caso de los asesores en la sombra [de la FN]”, ya que se había percatado que el fiscal del Eficcop Freddy Niño Torres, a cargo de esa indagación, había estado realizando diligencias fuera de las oficinas.

Según la investigación fiscal, Silva habría ingresado al Eficcop con la ayuda de Ruiz. En una llamada telefónica previa a su nombramiento (13 de abril de este año), Dulanto le habría dicho a Silva: “Voy a hablar con el doctor Marco Huamán [fiscal que trabajaba con Benavides] para que haga tu propuesta con la fiscal de la Nación, pero, eso sí, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el Eficcop”.

Huamán, Dulanto y Ruiz han sido incluidos en el organigrama de la presunta red criminal que Benavides encabezaría.

Ruiz rechazó las imputaciones de la fiscalía. “Voy a preferir el silencio hasta que pueda asesorarme bien”, dijo a El Comercio.

Otros dos personajes incorporados al organigrama son el exministro aprista Hernán Garrido-Lecca y el abogado José Luis Hauyón, investigados por el Eficcop y cuyos inmuebles también fueron allanados ayer.

De acuerdo con la investigación fiscal, ambos fueron asesores en la sombra de Benavides, a quien conocen desde hace varios años.

En el documento del juez Justiniano se mencionan las imputaciones del Eficcop contra ellos. Según la hipótesis fiscal, Hauyón y Garrido-Lecca habrían realizado “acciones” para la “selección y nombramiento” de Benavides como fiscal suprema y de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, “desplegando sus influencias para tal fin”.

La imputación a Hauyón y Garrido-Lecca señala que habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de su selección y nombramiento. Estas designaciones se dieron el 14 de junio (Benavides) y el 2 de setiembre (Fernández) del 2022. Benavides fue elegida fiscal de la Nación días después de su designación como fiscal suprema.

En un comunicado difundido ayer, la JNJ indicó que “realiza procesos de selección y nombramiento transparentes y no admite en ellos interferencias de ninguna índole”.

Garrido-Lecca dijo a RPP: “¿Creen que una persona o que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículo intachable en la JNJ que, por unanimidad, nombraron fiscal suprema a la Dra. Benavides?”.

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Sobre Garrido-Lecca, quien se encuentra fuera del país, la investigación fiscal señala que su interés habría estado en “buscar ser favorecido en una investigación fiscal” del equipo especial Lava Jato, en referencia a la pesquisa por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña de Alan García del 2006.

A Hauyón se le imputa su interés por ser favorecido en investigaciones del subsistema fiscal de lavado de activos. Se menciona la indagación del Caso Sodalicio.

Asimismo, ambos habrían buscado la destitución del fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos, de acuerdo con la indagación fiscal.

En el documento judicial se señala que, según Villanueva, hubo una coordinación entre Hauyón, Garrido-Lecca y Benavides, quien habría sugerido que se presionara a Antonio Fernández para así apurar la suspensión de Vela, quien tenía procesos disciplinarios en la ANC del MP.

El 24 de noviembre, la ANC confirmó la suspensión por ocho meses y medio para Vela. Días después fue retirado de las coordinaciones que hacía.

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En su declaración al Eficcop, Vela señaló que Villanueva le comentó que Garrido-Lecca y Hauyón buscaban su suspensión ante la ANC del MP “porque tenían intereses particulares”.

Juan Peña, abogado de Benavides, dijo que no hará comentarios sobre la tesis de la fiscalía porque no ha recibido ninguna notificación. “Mientras no tenga una investigación abierta, no sabría qué elemento de cargo o de descargo pueda ofrecer”, señaló a El Comercio.

Este Diario llamó al estudio Hauyón & Hauyón para recoger la versión de José Luis Hauyón. También se presentó la solicitud por correo electrónico. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

No se logró ubicar al investigado Rudy Aguedo del Castillo, hasta ayer funcionario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, cuyo domicilio también fue allanado ayer.