Transparencia advierte consecuencias negativas en aprobación de reformas constitucionales sin sustento por el Congreso

La asociación civil Transparencia alertó que el Congreso, de manera “inusual e irregular” ha programado varias sesiones plenarias esta semana donde buscará aprobar, sin mayor debate ni discusión, reformas constitucionales y proyectos de ley que “debilitarán aún más las instituciones vitales de nuestra ya frágil sistema democrático”.

En un pronunciamiento, indicó que este “activismo legislativo” puede acarrear consecuencias negativas para el país y a ello se suman “retrocesos recientes” como la ley que elimina la paridad y alternancia, y la ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos.

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Asimismo, advirtió que la Ley de Amnistía desconoce compromisos internacionales suscritos por el país que buscan salvaguardar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.

También señaló que el objetivo de fortalecer a los partidos políticos nacionales no se va a producir con la eliminación de los movimientos regionales y creará más bien una brecha de representación aún mayor entre partidos y la ciudadanía.

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Del mismo modo, indicó que la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura solo aparece como una vía más para el “reiterado objetivo de deshacerse” de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una tarea que lleva varios meses y que ha sido debidamente alertada por la ONU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) “en nombre del respeto por la autonomía institucional en el Perú”.

Refirió que con la elección de autoridades electorales en manos del nuevo Senado se quiebra la autonomía del poder electoral del poder político.

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Finalmente, cuestionó que en nombre de la fiscalización, se introducen mecanismos que restringen la capacidad de la sociedad civil para actuar y abre las puertas para el control político siguiendo el modelo impuesto en dictaduras como Venezuela y Nicaragua, lo que ha motivado un pronunciamiento público de más de 16 democracias y aliados del Perú en la ruta hacia el desarrollo.

“Nos sumamos a las múltiples y variadas voces que reclaman un freno al autoritarismo legislativo de un Congreso que no debate, no discute y gobierna de espaldas a la ciudadanía, guiado principalmente por una lógica déspota que arrolla principios legales y constitucionales como la separación de poderes y la autonomía de las instituciones y prioriza intereses ilícitos”, subrayó.

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“No son el primer poder del Estado, pero actúan como si fueran el único. Y eso no existe en una verdadera democracia”, sentenció Transparencia.