El Congreso aprobó por insistencia la ley que dispone que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) sea nombrado en el cargo por un periodo mínimo de dos años. Ello con la finalidad de evitar constantes cambios en esta institución.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, y el exviceministro del Interior Ricardo Valdés calificaron de “positiva” la medida aprobada ayer por el Parlamento. Además, detallaron a El Comercio el impacto que esta ley tendrá sobre la gestión actual del comandante Raúl Enrique Alfaro Alvarado.
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La norma también establece que, si el presidente de la República lo cree conveniente, puede extender por un año la permanencia del comandante general. Asimismo, detalla los motivos por los cuáles el jefe de la PNP puede ser cesado del cargo, entre ellos se cita la comisión de un delito doloso, declarado por sentencia firme o incurrir en una falta grave, de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional.
También obliga a los mandatarios a comunicar al comandante general el motivo del cese y entregarle un documento en el que exponga por escrito “el o las causales” de la decisión.
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Para el exministro del Interior Ricardo Valdés, si se establece un tiempo determinado para la gestión de un comandante general, “esto definitivamente va a generar estabilidad en la toma de decisiones de la PNP”.
Valdés destacó, además, que se hayan especificado las causales del cese de dicha autoridad, pero advirtió que haría falta complementar la norma con “un mecanismo de evaluación en base a sus logros y productividad”.
“Ya cuando se llega al grado de general, hay una posición más de confianza. El criterio que existía antes era que el jefe supremo de las FF.AA y la Policía, es decir, el presidente de la República, podía perder la confianza en ciertos generales, puesto a que él es quien aprueba sus ceses, esto permitía una mayor fluidez en este vínculo. Sin embargo, se requiere la idoneidad ambas partes tanto del oficial como del jefe de Estado . Pero si tenemos a un presidente de la República que actúa bajo conveniencias personales o de generarse un circulo de protección para evitar ser investigado, ahí tenemos un problema”, expresó.
- A la fecha, con la designación del teniente general de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado, como el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, el gobierno de Pedro Castillo ha establecido cinco cambios respecto a este cargo.
- Antes estuvieron: César Cervantes Cárdenas, Javier Gallardo, Vicente Tiburcio y Luis Vera Llerena.
“[...] se está negociando para su propia conveniencia la presencia o ausencia de determinado mando policial. También aplica para los generales, no me imagino a una Policía comandada por generales con procesos abiertos de corrupción o juzgados por peculado [...] No me imagino dándole estabilidad a un comandante general de la PNP que llegó pagando por su ascenso [...] Si para ser general hay que pagar o amarrarle los zapatos al presidente, la confiabilidad se pierde”, subrayó.
Valdés agregó que la “ley está bien en papel”, pero se tienen que detallar los “mecanismos para poder prescindir de un comandante general” y también establecer el proceso de “sucesión”. Remarcó que es necesario evaluar a las personas que podrían ocupar el máximo cargo dentro de la Policía y que los mejores queden seleccionados. “Bajo ese esquema sería fantástico tener estabilidad”, afirmó.
“El general Alfaro ha sido el primero de su promoción, pero qué hacemos los otros dos que salieron por conducta inadecuada y luego fueron reincorporados [...] La persona que se quede 2 o 3 años, puede tener una hoja de vida intachable, pero para que no se duerma en sus laureles, (por eso) debería complementarse la norma con un mecanismo que establezca una evaluación en base a su productividad y sus logros”, concluyó.
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Por su parte, Eduardo Pérez Rocha señaló que esto permitirá que “los planes de operaciones de la Comandancia General sean continuados y no lo que está pasando ahora” con los múltiples cambios en la institución.
Pérez Rocha dijo que es importante que se haya determinado que el jefe de Estado señale cuál es el motivo del cese del comandante general. “Hemos escuchado en el Congreso sobre el cambio del Alto Mando [...] el comandante [fue cambiado] porque no se ha disminuido el aspecto de la violencia delictiva y la sensación de inseguridad, según el INEI [...] Me parece que no es un motivo para destituir. En la resolución no se indica por qué lo han destituido”, aseveró.
El exdirector de la policía dijo con esta ley “no es que [el comandante general] se pueda dormir en sus laureles y estar dos años sin hacer nada” sino que “hay que ver los cumplimientos de los planes institucionales y el plan de seguridad ciudadana”. “Esta aprobación por insistencia señala que son dos años, a excepción que transgreda la norma y para ser cesado tiene que indicarse el motivo”, explicó.
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“Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es verificar que esos planes se cumplan. Hay un plan de 5 años, que es el Plan 2018 – 2023, que es el plan del Conasec (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana), ese plan indica qué cosa es lo que deben ejecutar en esos cinco años los sectores, uno de ellos es Ministerio del Interior y está ahí el director de la Policía”, indicó también.
“En este plan se indica que el aumento del patrullaje se debe aumentar cada año y la disminución de hechos delictivos. ¿Están cumpliendo? [...] Eso me parece que es realmente un indicativo (para evaluar la gestión) para poder fiscalizar la labor que cumple el comandante general [...] Ojo, que quien preside el Conasec es el jefe de Estado”, remarcó Pérez Rocha.
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