Gino Alva Olivera

El ex gobernador regional del Callao fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión, a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m2, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla, Callao.

La transacción a favor de la empresa Inmobiliaria Estefanía S.A.C. se efectuó en mayo del 2011, durante la primera gestión de Moreno como gobernador del Callao, y generó al Estado un perjuicio económico de S/10’381.558, según la resolución del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao.


El predio fue una donación y su finalidad era la construcción de un centro de acopio y mercado mayorista. Fue vendido por unos S/14 millones y su precio real era de S/24 millones.

La condena debe ejecutarse de forma inmediata, cuando Moreno –quien además tiene una orden de impedimento de salida del país por el Caso Odebrecht– se ponga a derecho. La fiscalía había pedido 10 años de prisión.

—Proceso irregular—
De acuerdo con la tesis de la fiscalía, en el proceso de adjudicación –finalmente ganado por Inmobiliaria Estefanía S.A.C.– se detectó una serie de irregularidades que comprometieron a la ex autoridad y a funcionarios de su gestión.

El juicio oral empezó en mayo del año pasado. En la lectura de la resolución se mencionó que, en su condición de gobernador, Moreno “dio conformidad a actos irregulares y autorizó la venta por subasta pública del predio”.

En la mencionada subasta, por ejemplo, no se recurrió a un tasador oficial y se publicó fuera de fecha, lo que “restringió la pluralidad de postores”.

Además, la valorización del terreno no fue efectuada por un órgano especializado ni por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda.

Esta gestión fue hecha –según la fiscalía, de forma irregular– por la Corporación Nacional de Tasadores, firma que pertenece a José Luis Casado Pinedo, otro de los sentenciados ayer.

Moreno también designó a los miembros del comité especial que estuvieron a cargo del proceso: Miguel Ángel Asencios Vega y Eber Ramírez Sánchez. Ambos, ex funcionarios del Callao, también fueron sentenciados ayer.

“La subasta fue aprobada sin motivación. […] No se ha probado fin social o económico de la subasta”, se detalló en la lectura del documento. Estos y otros hechos permitieron advertir irregularidades en una concertación para favorecer a la mencionada empresa; en otras palabras, que “existió un pacto colusorio” que favoreció a la inmobiliaria.

La transferencia fue adoptada por decisión del Consejo Regional del Callao. Y ese fue uno de los argumentos de la defensa de Moreno: que como gobernador no tenía facultad de “generar oposición” a las decisiones ahí tomadas.

Pero en la resolución se resaltó que, de acuerdo con la misma ley orgánica de la institución, él no solo era la máxima autoridad regional, sino que también tenía atribuciones de representante legal y titular del pliego presupuestal.

En la sentencia, el juzgado penal del Callao también ordenó la inhabilitación de Moreno –quien no se presentó a la audiencia– para ejercer la función pública por un período de un año y ocho meses.

—Otros implicados—
En este caso, el ex gobernador fue procesado junto con otras siete personas, cinco de las cuales fueron condenadas y dos, absueltas.

Los sentenciados a cinco años de prisión e inhabilitación de un año y ocho meses son los ex funcionarios del Callao: Miguel Ángel Asencios (ex jefe de Gestión Patrimonial), Marco Antonio Palomino (ex gerente de Asesoría Jurídica), Eber Ramírez (ex gerente de Planeamiento Territorial). 

La misma condena se dictó contra José Luis Casado, dueño de empresa tasadora, y Óscar Peña Aparicio, representante de Inmobiliaria Estefanía.

Además, fueron absueltos José Julián García, ex director regional de Educación del primer puerto, y Óscar Peña Macher, representante de Inmobiliaria Estefanía.

Al igual que Moreno, fueron sentenciados a cinco años de prisión Marco Antonio Palomino, Miguel Ángel Asencios y Eber Ramírez, como autores de colusión; y los empresarios Óscar Peña Aparicio y José Luis Casado Pinedo, como cómplices primarios. Los sentenciados, además de la inmobiliaria y la empresa tasadora de José Luis Casado, deberán pagar una reparación civil solidaria de S/11’500.000.

La defensa de la ex autoridad chalaca adelantó que apelará la decisión del juez.

El procurador público especializado en delitos de corrupción del Callao, Engie Herrera, también apeló la decisión, puesto que considera que el monto de la reparación es insuficiente en relación con el perjuicio al Estado que generó este caso. Indicó que pedirá que el monto a pagar sea de S/30 millones.

El Comercio intentó comunicarse con los abogados de Moreno, pero no respondieron nuestras llamadas.